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Documentos del gobierno desmienten acusaciones de Matthei en caso de exonerados

13 Jun

En agosto de 2006, el entonces subsecretario de Interior, Felipe Harboe, recibió una auditoría que revelaba los vicios de funcionamientos del programa de exonerados políticos que afectaban “la confiabilidad de la información y la toma de decisiones frente a un requerimiento”. Desde el Gobierno, se ha afirmado que este texto nunca fue considerado para establecer correcciones al programa. Sin embargo, documentos a los que tuvo acceso The Clinic Online, demuestran que Marta Joinant, la militante PS a cargo de la calificación de exonerados, sí respondió en junio de 2007 a las recomendaciones realizadas para mejorar el programa.

“En el año 2006 se hizo una auditoría a este programa (el de exonerados) que fue brutal: todo mal hecho. Una auditoría del propio subsecretario del Interior (…) Cuando se empezó a ver que este programa efectivamente estaba funcionando muy mal, y puedo dejarles el informe de contraloría interno, el entonces subsecretario Felipe Harboe, le pidió a la encargada de este programa (Marta Joinant) tres veces que contestara. Era el superior. Ella no contestó nunca. Se dio el lujo de no contestarle al subsecretario”, aseveró el domingo en Tolerancia Cero la ministra de Trabajo, Evelyn Matthei, en una afirmación que, según documentos recopilados por este medio, carece de veracidad.

Matthei hizo alusión al memorándum reservado número Q37, que el jefe de unidad de auditoría interna del ministerio de Interior, Hugo Adolfo Tapia Romero, remitió en agosto de 2006 a Harboe y que contenía el Informe de Auditoría número 11 respecto del programa de exonerados políticos, que en ese momento estaba a cargo de Joignant, militante del partido socialista quien, en la actualidad, se encuentra afectada por un agresivo cáncer. Pero a diferencia de lo que afirma Matthei en sus declaraciones, Joinant, según documentos a los que tuvo acceso The Clinic Online sí respondió a todos los puntos cuestionados en la auditoría interna a través del oficio reservado número 205 del 22 de junio de 2007, que consta en los expedientes del ministerio de Interior, pero que el Ejecutivo ha omitido al acusar públicamente que no hubo respuesta alguna a los requerimientos de mejorar los mecanismos de control del programa de exonerados.

El caso que ha marcado la campaña electoral, explotó luego de que Contraloría identificó a cerca de 3 mil personas que recibieron beneficios previsionales, en calidad de exonerados, sin contar con antecedentes para ello y objetó las pensiones a otros 5.917 beneficiarios, de quienes no se duda su calidad de exonerados, pero sí de que cuenten con los requisitos para el pago fiscal. La vocera de Gobierno, Cecilia Pérez acusó que “hubo una máquina instalada para defraudar al Fisco”, a pesar de que el Consejo de Defensa del Estado -encargado de velar por los intereses del Estado- aún no determina si presentará alguna querella.

LA AUDITORÍA

La auditoría interna de 2006 que mencionó Matthei en Tolerancia Cero, revelaba falencias en los procedimientos de control con el que se calificaba como beneficiarios de pensión a quienes fueron despedidos en dictadura por razón de su filiación política. Se estimaba, por ejemplo, que las múltiples tareas de los funcionarios dificultaban la correcta verificación de la información, entre otros aspectos.

El objetivo del control, que especificó Tapia en el memo de agosto de 2006 era “verificar que el proceso y los subprocesos del programa de Exonerado Político del ministerio de Interior, cuenta con los procedimientos administrativos y de control suficientes, para asegurar el cumplimiento de los objetivos del Programa de Exonerados políticos, sobre la base de la normativa vigente (Ley Número 19.234)”.

En el texto de 15 páginas se sostiene que en los procesos de precalificación y calificación se presenta la “inexistencia de criterios y procedimientos formalizados para el análisis y la precalificación de solicitudes de exonerados políticos. En lo específico para evitar el estudio de expedientes incompletos, la reiteración, la no detección de errores, la derivación de solicitudes a archivo sin resultado, y las demoras en las respuestas a usuarios u otras instancias institucionales claves”.

En paralelo se establece la “carencia o ausencia de documentos soportantes, en las carpetas, que permiten la calificación de las empresas. En muchos de los casos la documentación respaldatoria no fue habida, tratándose en algunos de ellos de certificados de autoridad. De una muestra de 3% es posible colegir lo siguiente: el 29% de las carpetas contienen fichas sin documentación respaldatoria y el 9% de las carpetas corresponden a certificados de autoridad no habidos”.

Además se consigna que existe una “ineficiente estructura orgánica, carecterizada” producto de que “el personal de atención al público desempeña múltiples funciones, recepciona documentación, atiende a clientes externos (personas naturales y jurídicas)” y “el organigrama actual no representa la estructura funcional del Programa de exonerados políticos”, lo que provoca “descoordinación interna, pérdida de atribuciones e indefinición de responsabilidades”.

También se establece que está en “riesgo la seguridad y el debido resguardo de la documentación institucional”.

Respecto de la información recalca que la “base de datos que contiene información para el proceso de análisis y calificación no se encuentra actualizada” lo que “afecta la confiabilidad de la información y la toma de decisiones frente a un requerimiento. Asimismo, limita la oportunidad de respuesta al usuario”.

El 2 de octubre de 2006, Harboe envió un memorandum reservado número 508 a Joignant donde expresa que “junto con saludarle, por medio del presente remito a Ud. el informe de Auditoría interna número 11, de junio de 2006, referente al trabajo de vuestro programa. Lo anterior, con el objetivo de que se adopten a la brevedad las medidas necesarias para regularizar las observaciones en él plantedas”.

Harboe -y en esto Matthei sí tiene razón- no obtuvo respuesta inmediata e insistió mediante un oficio reservado el 12 de junio de 2007, al que agregó un segundo párrafo: “Hago presente a Ud. que es de su responsabilidad la respuesta oportuna a la información solicitada”.

En ese momento, Joinant respondió. Con fecha 22 de junio de 2007 señala: “Como Ud. puede apreciar no hubo incumplimiento del plazo porque no se me solicitó respuesta escrita ni se fijó plazo a las recomendaciones realizadas por la Auditoría Interna”, tras lo cual agregó que desde octubre de 2006 se ha destinado personal específico para cada función a realizar en la oficina del programa y aseveró que se había iniciado la recopilación de antecedentes faltantes de las empresas que fueron intervenidas. Además se plantea que se elaboró un manual de procedimientos con los criterios “usados históricamente en la calificación de empresas e instituciones, que originó el listado de empresas calificadas desde 1994, el cual se fue actualizando en la medida que se reunieron los antecedentes que permitieron la incorporación de nuevas empresas o modificaciones en los plazos consignados de intervención de empresas privadas o empresas de propiedad estatal”.

Con todo, en noviembre de ese mismo año, el jefe de gabinete del subsecretario de Interior le remitió otro oficio a Joinant, pero no, como remarca Matthei, porque no haya respondido a los requerimientos, sino porque el texto que envió a Harboe debía ser remitido, junto a otros antecedentes, al jefe de auditoría interna.

vía The Clinic Online.

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Publicado por en 13 junio, 2013 en Política

 

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