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Gabriel Salazar: “Las asambleas territoriales nos llevan al poder constituyente”

“Hasta el 73 hablábamos de revolución. Todos hablábamos de revolución pero ningún movimiento, ni partido, ni nadie habló de cambiar la Constitución. Nos llenábamos la boca con la palabra revolución, pero no estábamos cambiando la Constitución. La prueba está en que Allende, que hablaba de revolución, nos criticaba a nosotros al tratar de establecer la asamblea del pueblo, nos trató de contrarrevolucionarios porque quien estaba haciendo la revolución era él desde el Estado y la Unidad Popular y respetando la Constitución”.

“Ahora, cuando los partidos no están hablando de revolución, es el movimiento ciudadano el que plantea esta idea de cambio constitucional (…) cambiar la Constitución es revolución, desde Aristóteles para adelante que han dicho eso”

“(…) Entonces éramos movimiento de masas, esperábamos que los partidos, Allende, hiciera la revolución. Nosotros apoyábamos, aplaudíamos, seguíamos y brincábamos en las calles. Éramos masa seguidora, en cambio hoy día hay un cambio profundo en nosotros, y los partidos no han cambiado. Para mí históricamente los partidos son criaturas de Constitución, crecen al interior de una Constitución. Respetan la Constitución, hablan de revolución, pero no cambian la Constitución. En 200 años, ningún partido ha cambiado una Constitución”.

“Lo interesante es que es ahora la ciudadanía sin partidos es la que quiere cambiar la Constitución. ¿Cuál es el factor que incidió en eso? Yo creo que el factor fundamental es que ahora tenemos una memoria que estamos respetando. Memoria colectiva, popular, que en ese tiempo no respetábamos. En ese tiempo era ideológico, en tanto que respetaba la Constitución, y porque quienes hablábamos de revolución lo hacíamos desde ideologías importadas. El castrismo, el maoísmo, los cheguevarimos venían de fuera. La Democracia Cristiana venía de Francia. La memoria no se respetó, por eso andábamos con libritos recitando consignas”.

“El discurso de los cabros de la Aces tiene cero marxismo vulgar, hoy día todos hablan del discurso propio que surge de su asamblea, de su territorialidad. Y eso es nuevo en Chile. Es un factor que induce a la autonomía política, permite hacer política profunda, que es la que emana de la soberanía popular; la política convencional es la que se mueve alrededor del Estado, respetando las leyes del Estado. La profunda es la política ciudadana. Y quedó en evidencia con el Pingüinazo, la Asamblea manda, no hay dirigentes, sólo voceros, principio básico de la soberanía. Ahora tenemos a lo largo de todo Chile asambleas que actúan con soberanía. Y eso es nuevo. Como lo que ocurrió en Magallanes, Aysén, Calama, Freirina; con Montenegro, Vallenar, Quellón, Chonchi.
(…)Lo más interesante es que aparecen las asambleas territoriales, lo que es mucho más potente que la CONFECH. A los cabros no les gusta mucho eso, yo les digo ustedes están desfilando desde el 2011, entonces dos años de desfiles, son 40 o 50 marchas. ¿Cuánto han avanzado? Están marcando el paso, en cambio Freirina se asoció de otra manera en base al territorio como comunidad local, como vecindario, tomaron conciencia de lo que afectaba su vida, atacaron el enemigo y lo mandaron cambiar (…)”.

“(…) Y si todas las asambleas se reúnen podemos manejar el país. Ellos ya hicieron una primera convocatoria nacional de asambleas territoriales, y la idea central es que se vayan constituyendo las asambleas locales, provinciales y regionales, y que actúen sobre su región. Y luego ir pensando cómo constituir una Asamblea Nacional Constituyente sin partidos políticos. Por eso yo creo que el movimiento social que se está proyectando a paso más seguro al ejercicio de poder constituyente son las asambleas territoriales”.

“(…) Ahí hay recursos que están en la tierra. Estos movimientos tienen ese problema, ¿qué van a administrar? Quien no administra recursos propios no tiene poder. Son dos tipos de poder, el poder del puño en alto y el que te da control. Yo pienso que la salud, la educación, el empleo, medioambiente, el control de la producción es mucho más fácil reformarlo y controlarlo en lo local que en lo nacional, porque en lo nacional se pone inevitablemente ideológico, político y los partidos se ponen a sus anchas. (…) Hay que comenzar por la comunidad, plantear ahí y reformar ahí mismo a corto plazo, la educación, la salud, no sólo la vivienda. Tienen que resolver ahí el problema de la educación”.

“Por eso estamos en un proceso constituyente, esto no es para que digamos en marzo del otro año Asamblea Constituyente, con tanto apuro que se acepte que el gobierno convoque y se rija por la Constitución anterior. Un proceso legal, ordenado, eso ha ocurrido en el pasado y termina con que militares y políticos manejan el proceso. Si no queremos eso, porque si no votemos por Bachelet y punto, hay que incentivar y desarrollar el aprendizaje de soberanía, que es lento, y el estorbo actual tiene mucho que ver con el problema de los gremios”.

“(…) Entonces lo que está ocurriendo es que todavía quedan obstáculos por eliminar, y que la gente aprenda a ser soberana, porque en estos 200 años nos han enseñado a ser peticionistas, a pedir, demandar y si nos dan saltamos y brincamos y tiramos piedras. Petición y protesta. Para mi modo de ver ésa no es una ciudadanía digna de sí misma, es la negación del ciudadano soberano”.

“(…) No es ahora el momento de una asamblea constituyente. Hay mucha gente que entiende que la Constituyente tiene que ser organizada altiro, ahora ya. La verdadera solución es que las revoluciones no se juegan en un evento, son procesos, y si tengo que enseñar procesos sociales triunfantes, no puedo pensar en procesos que manejen diez personas. Todas las personas que tienen pasado marxista tienen la idea de que la revolución es un acto, un hecho, la toma del Palacio de Invierno, la Toma de la Bastilla. No, es un proceso de aprendizaje que Recabarren entendía muy bien, el aprendizaje del pueblo, el desarrollo de la inteligencia del pueblo y que éste gobierne”.

vía El Desconcierto.

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Publicado por en 25 julio, 2013 en Política

 

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Las leyes orgánicas constitucionales en el banquillo

Fueron creadas siguiendo modelos europeos, pero más estrictas, y —en la práctica— constituyen un verdadero complemento al sistema electoral binominal. Ello, porque tratándose de normas particularmente importantes para el régimen de Augusto Pinochet, tras el retorno a la democracia obligan a generar grandes acuerdos para promulgarlas, modificarlas o derogarlas. Por esto, existe coincidencia en la oposición y entre múltiples constitucionalistas que, a estas alturas, sólo impiden profundizar la democracia y ya no son necesarias.

En el debate político de estas últimas semanas pasó prácticamente inadvertida la propuesta del abanderado de RN, Andrés Allamand, de revisar el sistema de leyes orgánicas constitucionales. Él mismo le ha dado poco impulso a la iniciativa, que mencionó tímida y rápidamente en el curso del último debate que lo enfrentó a su adversario de la UDI. Resulta extraño, dado el carácter de “liberal” de derecha que siempre ha ostentado. Pero más allá de cualquier análisis, con su enunciado se suma a un debate que ha ido tomado cuerpo en la oposición, donde se ha llegado al consenso de que eliminar los quórum supramayoritarios es tan importante y necesario como modificar el sistema electoral. Y que estas reformas deben ir aparejadas, a fin de profundizar la democracia. Una mirada que se contrapone abiertamente a la del gremialismo y al sector más conservador de Renovación, que históricamente ha llegado tarde a las proposiciones de su actual candidato a La Moneda.

En el documento que llamó “bases para un tercer acuerdo nacional” y que contiene un paquete de reformas constitucionales que pretende impulsar en el supuesto caso de llegar al gobierno, Allamand plantea “revisar el actual sistema de leyes orgánicas constitucionales (LOC).Hoy, nuestra Constitución establece que la regulación de ciertas materias, típicamente de órganos constitucionales, son complementadas mediante Leyes Orgánicas Constitucionales que para su aprobación, modificación o derogación requieren de los 4/7 de los diputados y senadores en ejercicio. Las leyes de tal carácter, como asimismo las de quórum calificado, son perfectamente razonables en un ordenamiento constitucional —como, por lo demás, lo corrobora la existencia de estas leyes en diversos países—, ya que cumplen un rol importante al exigir consensos altos para su reforma, atendida la importancia de las materias que abordan. Sin embargo, parece necesario revisar hoy cuales deben ser esas leyes y dentro de las mismas, determinar en forma precisa cuales de sus normas deben tener esa categoría”.

Quienes en Renovación estiman que es necesario avanzar hacia la eliminación de las leyes orgánicas, tienen la convicción de que de las 21 que existen actualmente, entre las que se encuentran como ya dijimos la de Enseñanza, pero también otras tales como la de Fuerzas Armadas, Municipalidades, Partidos Políticos, Tribunal Calificador de Elecciones, Votaciones Populares y Escrutinios, Banco Central o Concesiones Mineras, entre otras, se podrían llegar a mantener sólo cuatro o cinco de vital importancia.

Si bien esta postura es bienvenida, desde la oposición advierten que RN siempre ha mostrado interés por modificar el sistema electoral —otro enclave autoritario con el que ha debido convivir la democracia chilena—, incluso ha comprometido sus votos para ello; no obstante, aún no se ha logrado concretar en los hechos “esa supuesta inclinación a cambiar el binominal”. Lo que coincide con la visión de quienes, en la tienda de Antonio Varas, tienen la convicción de que es imprescindible terminar con las leyes orgánicas constitucionales. Una fuente de la colectividad sostiene que estas últimas y el Tribunal Constitucional constituyen “dos cerrojos más grandes aún que el binominal”. Y, si bien, “hay una tendencia a revisar las leyes de quórum supramayoritario (al interior de RN), porque afectan a cualquier gobierno que quiera hacer cambios significativos, la idea es muy resistida por algunos sectores del partido”, admite.
El veto de la UDI

Estas polémicas leyes requieren de 4/7 para su aprobación, modificación o derogación, lo que obliga a llegar a acuerdo entre la oposición y el gobierno, cualquiera sea el cambio que se pretenda. Y dado el sistema binominal que asegura una especie de empate permanente en ambas cámaras, se hace casi imposible introducir modificaciones o menos aún derogar cualquiera de estas iniciativas. El caso más emblemático resulta ser el de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza. A estas alturas, todos los sectores recuerdan con ironía las manitos en alto con que, durante el gobierno pasado, se festejó un acuerdo para establecer algunos cambios a la normativa. Cambios limitados y con escaso efecto a los que, sin embargo, sólo se pudo llegar con la aprobación de la oposición de entonces, la Alianza. De allí que los más férreos detractores de este tipo de iniciativas las consideren contrarias al sistema democrático o, aún más, como una “anomalía democrática”. Porque forman parte de un todo que, en conjunto con otras figuras que también limitan la expresión democrática de las mayorías, como el sistema electoral y el TC, impiden cualquier cambio sin la participación de la derecha y, particularmente, de la UDI. El partido fundado por Jaime Guzmán justamente para salvaguardar un modelo político, económico y social que limitaría cualquier posibilidad de desbande y aseguraría la “estabilidad política”. Adicionalmente, las LOC deben ser aprobadas obligatoriamente por el Tribunal Constitucional antes de ser promulgadas, lo que implica un doble cerrojo.

En este contexto, el analista político de la Universidad Central Marco Moreno sostiene que “poner el acento en el resultado y no en el proceso podría provocar un problema serio de gobernabilidad, ya que el proceso político, la calidad de la democracia, se deteriora si no se aborda el problema de fondo”. Es decir, es indispensable apuntar a terminar con los efectos que provocan estas polémicas leyes. Dado que “hacen complejo que las mayorías, a pesar del binominal, puedan hacer valer sus planteamientos. Aún así las reglas del juego impiden que se pueda ejercer esa mayoría y que las políticas públicas puedan tener viabilidad”. En su opinión, las LOC constituyen una “trampa constitucional”. Y discrepa con quienes, en RN, creen que es más importante terminar con los quórum supramayoritarios que con el binominal, pues esta convencido que para profundizar la democracia es necesario “resolver ambos temas”.

Todo, porque a juicio de Moreno el sistema electoral, las leyes orgánicas constitucionales y el Tribunal Constitucional “siguen siendo enclaves, aunque menos visibles, porque las reformas del año 2005 no los eliminaron. Forman parte de la arquitectura institucional de la democracia actual, impidiendo que las mayorías puedan expresarse”. Y añade que esta institucionalidad, considerada como refractaria a la democracia, se ideó para “protegerla de visiones extremas, pero ha hecho más difícil profundizar la democracia”. Algo que es ampliamente compartido en el mundo opositor. Pese a que la evidencia muestra que mayoritariamente ese sector está más concentrado en cambiar el sistema electoral, no son pocos los constitucionalistas —y cada vez surgen más— que estiman que las LOC son enclaves que es necesario eliminar.

De hecho, en las elecciones presidenciales del 2009 casi todos los candidatos de la Concertación y la izquierda hicieron propuestas tendientes a cambiar la Constitución. Océanos Azules fue el organismo encargado de elaborar la del DC Eduardo Frei Ruíz-Tagle que en el documento “Una Constitución para el Bicentenario” ya plasmó la idea de que la Carta Magna de 1980 “incorporó un tipo especial de leyes, denominadas ‘Leyes Orgánicas Constitucionales’ (LOC) y ‘Leyes de Quórum Calificado’ (LQC), que en la práctica representan una dificultad adicional para que las mayorías democráticas decidan soberanamente acerca de los asuntos públicos más importantes. Este tipo de legislación otorga un poder de veto adicional a la primera minoría, ya que la mayoría ‘simple’ de los representantes de la ciudadanía no es suficiente para derogar o enmendar la legislación ‘orgánica’ y de ‘quórum calificado’ introducida por la dictadura. Así, la legislación de súper-mayoría representa un enclave autoritario inaceptable para una democracia constitucional. Por lo dicho, se propone la eliminación de las Leyes Orgánicas Constitucionales y las de Quórum Calificado”. Algo que actualmente nadie discute en la oposición. Pero que para el mundo más cercano a la UDI es mucho más difícil de asimilar. Así y todo, dicen en la Nueva Mayoría, “esa es una deuda que hay que saldar con la ciudadanía”.

vía El Mostrador.

 
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Publicado por en 27 junio, 2013 en Política

 

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La Constitución como fuente de inestabilidad

Requerimos una nueva Constitución por una gran variedad de motivos. Es ilegítima en su origen, no permite la expresión de las mayorías, es muy limitada en términos de derechos, ha producido ilegitimidad de proceso, etc. etc. etc.

Quisiera exponer una razón adicional: el actual arreglo constitucional contiene una serie de incongruencias que, a la larga, podrían desestabilizar el sistema político. Cual Frankenstein, la Constitución ha ido evolucionando de una manera inapropiada. Ambas, su inspiración original y sus reformas posteriores estimulan el cortoplacismo, inhiben la inclusión, y promueven liderazgos personalistas. Entonces, el despliegue del actual arreglo presenta un potencial desestabilizador importante y es una razón relevante para repensarla.

Me detendré en tres ejemplos muy concretos para ilustrar este punto. El primero es el mandato presidencial de 4 años sin reelección inmediata. Esta circunstancia provoca incentivos perversos en el sistema. La brevedad del periodo limita la acción del gobierno electo a una o dos reformas, por lo que siempre se producirá una crisis de expectativas entre propuestas y realidades; el día uno del nuevo gobierno los partidos inician una nueva carrera presidencial; si el Presidente tiene baja aprobación, se produce una estampida de deslealtad con el mandatario; al existir una elección municipal intermedia y ahora una primaria voluntaria, el síndrome del “pato cojo” se anticipa ya a mediados del tercer año. Como el período de gobierno es tan breve, los gobiernos deben mostrar resultados inmediatos por lo que se privilegia el ofertón de corto plazo.

El sistema electoral binominal consagrado en una ley orgánica es otro ejemplo. Sus defensores reclaman que es fuente de estabilidad. Quizás lo fue en un primer momento de la transición cuando los militares constituían una amenaza al sistema democrático. Aseguraba que se mantendría el statu quo y eso tranquilizaba al ex dictador. Pero hoy sabemos los problemas que genera: al tratarse de un sistema nominal (se vota por individuos y no listas) se personaliza la política generando caciques distritales que defenderán su cupo por su carisma y capacidad de captar votos en su territorio; estimula la competencia intracoalición; subrepresenta terceras fuerzas, inhibiendo la renovación del sistema; tiende a sobrerrepresentar a las dos primeras coaliciones; pero además el binominal permea toda posible designación de cargos en directorios y consejos que quedan marcados por esta lógica dual. El sistema binominal incrustado en la Constitución ha congelado al sistema político.

El tercer ejemplo es el problema de la participación. Aunque en el artículo 5° consagra que la soberanía reside esencialmente en el pueblo su articulado deliberadamente evita involucrar a la ciudadanía en las decisiones trascendentes de la república. Las decisiones relevantes son delegadas a los representantes. Pero como estos representantes advierten una crisis de legitimidad, sus decisiones son cada vez más cuestionadas. Entonces, a un sistema político congelado, debemos agregar una ciudadanía a la que se le impide participar de la vida pública. Los congresistas podrían perfectamente cambiar por completo la Constitución y sus representados nunca se enterarían.

De este modo, la Constitución que fuera vista como una garantía de gobernabilidad al comienzo de la transición hoy es fuente de una política que privilegia la inmediatez, el cortoplacismo y que no cuenta con mecanismos para descomprimir conflictos por la vía de la consulta a la ciudadanía.

Necesitamos un sistema político que incentive miradas estratégicas de largo plazo; que reduzca al mínimo los liderazgos carismáticos; que promueva una competencia moderada de las fuerzas políticas para estimular su renovación. Repensar la Constitución, entonces, se traduce en una invitación a fortalecer la democracia y a producir condiciones de estabilidad. El dilema presente no es legal, ni jurídico. El dilema es esencialmente político y tiene que ver con producir reglas del juego aceptables para todos y todas, y que den garantías de estabilidad.

Por:

Director del Instituto de Investigación en Ciencias Sociales, ICSO Universidad Diego Portales.

vía El Mostrador.

 
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Publicado por en 4 junio, 2013 en Política

 

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