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La historia de una generación Revista Qué Pasa

La abogada Carmen Hertz ha sido protagonista de la historia reciente de Chile. Fue integrante del MIR, participó en la UP y durante la dictadura se convirtió en una de las activistas más importantes en la lucha por los DD.HH. Todos esos recuerdos son los que dan vida a La historia fue otra, sus memorias que acaban de llegar a librerías.

Se escribe contra el olvido. Se escribe para dejar una huella, una marca. Se escribe por incomodidad. Se escribe porque queremos dejar detenida la memoria corte de apelaciones.jpgen una página, en cientos de páginas, en una historia que tiene un principio, pero de la cual desconocemos el final. Se escribe porque la memoria es tramposa y no somos capaces, muchas veces, de entenderla. Se escribe por miedo a que aquello que vivimos desaparezca. Se escribe contra todos, contra uno mismo, contra la historia oficial. Se escribe para contar nuestra verdad, nuestra parte de la historia, porque nos cansamos de las mentiras, de los relatos a medias, del olvido.

No es difícil imaginar a Carmen Hertz (1945) frente a su computador, escribiendo durante meses, repasando su vida, la infancia, sus amigos y sus amores, los que se fueron, los que desaparecieron. No es difícil imaginarla deteniéndose en el asesinato de Carlos Berger, narrando detalladamente esa noche eterna que fue la dictadura, y lo que vino después también: las protestas, su trabajo incansable en la Vicaría de la Solidaridad y luego la transición, los pactos de silencio, la batalla eterna por detener todo intento de impunidad, ese mundo opaco que fueron los 90, la alegría que nunca llegó, o que si llegó, fue de una manera difícil de entender, llena de cláusulas y pies de página absurdos.

Años que se podrían narrar con rabia, pero que Carmen Hertz los cuenta con una voz íntima y entrañable en La historia fue otra (Debate), sus memorias, que no son sólo de ella sino las de una generación que vio cómo el mundo cambiaba de un día para otro, entre guerras y revoluciones, entre golpes de Estado y movimientos sociales que terminarían por configurar nuestro presente. Una generación que estaba convencida de que iba a cambiar el mundo, pero finalmente fue el mundo el que los cambió a ellos.

Fue una propuesta de Melanie Jösch, directora editorial de Penguin Random House.

Un día de 2015, se acercó a la abogada Carmen Hertz y le propuso que escribiera sus memorias, que era necesario dejar registro de todas esas historias que había protagonizado, que eran muchas, muchísimas, y que estaban íntimamente relacionadas con la historia reciente del país.

No fue fácil, dice Carmen Hertz. Lo pensó mucho. Sentía pudor. Pero luego de conversarlo con algunos amigos aceptó. Y lo que hizo, entonces, fue pedirle a la periodista Rocío Montes que la entrevistara, que la ayudara a recordar. Así, en largas jornadas, Hertz fue rememorando su vida. Y luego de escucharse una y otra vez, empezó a llevar ese relato oral al papel.

—Cuando fui recordando, me di cuenta de que quería que fuera más como la crónica de una época. Los anhelos de una generación, la del 60 —cuenta Hertz sentada en el living de su casa—. En algún sentido también fue una terapia, porque terminé hablando de muchas cosas que nunca había hablado.

La vida de Carmen Hertz es la vida de aquellos que vieron cómo el mundo entraba en un vértigo inefable, y ella lo narra así, con la intensidad que exige el recuerdo de esos años imparables. De alguna forma, haber vivido todo eso la hizo entender que era necesario compartir esa historia.

“Cuando fui recordando, me di cuenta de que quería que fuera más como la crónica de una época. Los anhelos de una generación, la del 60. En algún sentido también fue una terapia, porque terminé hablando de muchas cosas que nunca había hablado”.

—Yo sentí que era fundamental mostrar la crónica de una época sobre la que se ha mentido mucho. La generación de los 60 no fue una generación de un grupo de locos. Fue una generación que irrumpe en un momento en que el pensamiento revolucionario y progresista iba a cambiar el mundo para hacerlo más inclusivo, más justo. Estábamos llenos de hitos. Había triunfado la Revolución cubana, estaba la guerra de Vietnam, Mayo del 68, el movimiento popular avanzaba en sus demandas y en sus exigencias. Todo eso nos hizo llegar a la Unidad Popular, que es un periodo cuyo relato se ha distorsionado de manera realmente atroz. Para mí ese fue el mejor periodo de mi vida. Es cuando vi a la gente, a los ciudadanos de este país, más protagonista de su historia —explica Hertz, quien en sus memorias va narrando con soltura sus años de infancia, la relación con sus padres, sus primeros amores —memorable es la relación que tuvo con José Miguel Insulza en la universidad—, sus años de formación en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, su militancia en el MIR y todo ese ambiente político y enardecido que fueron los 60. Luego vendría la UP, se emparejaría con Carlos Berger, nacería su hijo Germán, se irían a Chuquicamata y entonces llegaría el golpe. Ahí la historia se convierte en una tela negra. Los amigos desaparecen, los amigos mueren, Carlos Berger es ejecutado en medio del desierto por la Caravana de la Muerte. La historia se quiebra en cientos de pedazos que Hertz es capaz de tomar y poner en su lugar. El relato estremecedor de esos años debería ser oscuro y sin esperanza, pero no abandona nunca el tono entrañable con que están narradas estas memorias.

—Recordar todo lo de Chuqui no fue fácil. Ahí tenía bloqueadas muchas cosas.

Vendrán, entonces, los años de exilio, luego el regreso a Chile y la búsqueda de la verdad, de saber qué pasó con su marido. Vendrá el tiempo de trabajar en la Vicaría de la Solidaridad, de buscar justicia. Lo narra así, con el mismo desenfreno de aquellos años violentos. No hay en estas memorias espacio para lamentarse ni para llorar. La vida no lo permitía.

—Siento que todas las actividades y los hechos en que me tocó participar han sido un privilegio como generación. Es cierto que sufrimos una derrota atroz. Pero seguimos. Todo ese periodo de la resistencia tampoco lo viví como: “Oh, qué terrible lo que me pasó a mí”. Nunca sentí que el asesinato de Carlos fuera algo personal. Era algo más grande. Viví muchos momentos de gran dolor, de pena. Pero el haber estado en espacios de resistencia duros contra la dictadura, como fue estar en la Vicaría, y enfrentar a los fiscales militares y ayudar a los perseguidos y denunciar los casos y tomar testimonio a los sobrevivientes es algo que te absorbía la vida, era nuestra vida. Entonces tú nunca te sentías una víctima. Era todo vertiginoso, era estar ahí luchando y peleando todo el día —dice Hertz, quien en sus memorias pone en un lugar de reconocimiento a todos los movimientos populares que surgieron durante la dictadura, a los que salieron a marchar, a los que tomaron opciones por las armas también.

—Esa siempre ha sido una situación invisibilizada. Porque la lucha que dio el movimiento popular fue la que permitió el plebiscito, no la campaña publicitaria estupenda del No ni el dedo de Lagos ni el lápiz con que se dijo sí o no. Fue la gente que se demolió saliendo día a día la que logró que se acabara la dictadura.

Difícil encontrar otras memorias que hablen con tanta precisión sobre lo que ha sido la historia reciente del país. Carmen Hertz escribe con intensidad, pero también con una cercanía que nos obliga a avanzar por el relato y a ver cómo ella nos narra aquellos sucesos que ya conocemos. Es una mirada lúcida y crítica también, que se da incluso espacio para el humor y las anécdotas que hacen más ligera una vida compleja y llena de matices. Pero no baja la guardia, nunca. Sobre todo cuando le toca narrar la transición, época con la cual es particularmente crítica.

—No hemos sido capaces de debatir sobre la transición porque se volvió algo intocable, sacrosanto. Si tú la tocabas, te estigmatizaban. Era la transición modelo. Después de la española era la mejor que había. Pero es necesario el debate político, es necesario porque así se puede rearmar todo esto que vivimos ahora de una mejor manera.

Son los años 90, la aparición de las fosas en Pisagua, su trabajo en la Cancillería, los pactos, la justicia en la medida de lo posible, la detención de Pinochet en Londres y la lucha constante porque el tema de los derechos humanos no se olvide, no se deje a un lado. Luego, su participación en la serie Ecos del desierto, de Andrés Wood, y el reencuentro con Carlos Berger, el reconocimiento de sus restos y el funeral simbólico en el Memorial de los Detenidos Desaparecidos en el Cementerio General. La historia que parece cerrarse, aunque no se ha terminado, pues aún no se dicta sentencia a los responsables de su ejecución.

“El pasado nunca muere, ni siquiera es pasado”.

La frase es de William Faulkner.

La frase abre, como epígrafe, las memorias de Carmen Hertz.

La frase resume perfectamente lo que encontramos adentro de estas páginas: una historia hecha con la materia de los recuerdos; una historia sobre el pasado, pero que termina acá, en el presente. Unas memorias que parecen estar hechas para el futuro.

Origen: Revista Qué Pasa

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Publicado por en 15 marzo, 2017 en Arte y Cultura, Letras, Política

 

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Como héroe muere Frode Nilsen, embajador noruego que salvó a cientos de chilenos de la dictadura de Pinochet

Como héroe muere Frode Nilsen, embajador noruego que salvó a cientos de chilenos de la dictadura de Pinochet

Frode Nilsen. Foto: Erik Thorberg

El embajador Frode Nilsen ayudó a alrededor de 1.300 chilenos a huir de la dictadura de Pinochet.
Frode Nilsen ha muerto a los 92 años de edad en el hospital Lovisenberg de Oslo, la capital de Noruega, luego de una corta enfermedad.
Nilsen había nacido en el año 1923 en Arendal.
Nilsen se convirtió en una leyenda viviente cuando trabajó como diplomático en Chile desde el año 1973 hasta el 1982. Nilsen hablaba español, pues había estado algunos años en la España de Franco. Durante varios años, Frode Nilsen remodeló el segundo piso de la embajada de Noruega en Santiago y lo convirtió en un refugio para los chilenos perseguidos. Con capacidad para unas 30 personas, la embajada se convirtió durante varios años en un lugar temporal para cientos de chilenos que posteriormente, con ayuda del mismo Embajador Nilsen, salieron de Chile. Frode Nilsen fue nombrado embajador en Chile en 1975, un puesto que ocupó hasta el año 1982. Volvió a Chile como embajador por la segunda vez en 1988. Se jubiló el año 1991.
El embajador Nilsen tuvo éxito en su labor humanitaria a través de su vinculación con la junta militar y sus partidarios – lazos que eran absolutamente esenciales para conseguir acceso a las cárceles y centros de detención, donde fueron detenidos los presos políticos.
La contribución del embajador Frode Nilsen para su apoyo a los presos políticos y los defensores de derechos humanos serán para siempre una parte importante de la historia de Chile.
Frode Nilsen se va con la enorme gratitud de esos cientos de chilenos que él salvó y que llegaron a vivir a Noruega y que ahora lamentan su partida.
Sus funerales se realizaran este jueves 7 de julio a las 12.00 hrs. en Ullern kirke, Holgerslystveien 22, 0280 Oslo.

Foto de Oddleiv Apneseth. 1990. El embajador Frode Nilsen con cuatro chilenos que rescató de la cárcel. Desde la izquierda: Fermín Monte García, Carlos García, Raúl Castro, Frode Nilsen y Gonzalo González.

Origen: Radio del Mar

 
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Publicado por en 11 julio, 2016 en Política

 

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La historia de la cueca sola – Pañuelos por la denuncia

La Cueca Sola, es una creación única en el arte político.

El trabajo del conjunto folclórico de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos ha ubicado en el mundo el drama de aquellas mujeres con sus seres queridos secuestrados bajo la dictadura de Pinochet, utilizando la cueca y una puesta en escena de extrema austeridad como instrumento de agitación de la memoria.

La siguiente es la historia de la cueca sola desde su génesis hasta su cultivo actual, tan urgente, desolado y conmovedor como en sus inicios.

No había modo de imaginar que el austero acto con el que, el 8 de marzo de 1978, debutó en vivo el conjunto folclórico de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, dejaría una marca tan profunda y de tan extenso alcance geográfico para la cultura chilena reciente. Allí, sobre el escenario del Teatro Caupolicán, en un acto conmemorativo del Día Internacional de la Mujer, se mostró por primera vez un baile de «cueca sola», un concepto artístico acogido y explicado por un país entonces bajo dictadura que combinó códigos de la creación popular y la denuncia. Su síntesis, austeridad y carga dramática produjo un alto impacto, y no sólo en Chile.

La cueca sola fue, primero, un canto. Ése era el título de una composición de Gala Torres que introdujo en la estructura de la cueca una letra de lamento y denuncia como nunca antes se había hecho hasta entonces. Los siguientes son los versos de esa composición pionera:

En un tiempo fui dichosa
apacibles eran mis días,
mas llegó la desventura
perdí lo que más quería.

Me pregunto constante,
¿dónde te tienen?
Y nadie me responde,
y tú no vienes.

Y tú no vienes, mi alma,
larga es la ausencia,
y por toda la tierra
pido conciencia.

Sin ti, prenda querida,
triste es la vida.

—”Cueca sola”, Gala Torres.

La carga de denuncia de su canto exigía un baile y una disposición corporal diferentes a los habituales en la cueca. Así, la agrupación folclórica de la A.F.D.D. puso al frente a una de sus integrantes, Gabriela Bravo, a seguir el esquema tradicional de la cueca con una distinción crucial: la mujer no tenía con quién bailarla. La foto sobre su pecho era la imagen de un marido detenido y hecho desaparecer por los organismos de represión de la Junta Militar en el poder —en su caso, el médico Carlos Lorca—, y ante cuyo recuerdo la mujer agitaba su pañuelo desde una visible desolación.

La cueca ya no era un esquema de conquista y celebración entre dos participantes animosos, sino que la escenificación de una tristeza insoportable. El canto y el baile se levantaban como instrumento de denuncia, pero no como proclama vociferante sino desde una austeridad conmovedora, capaz de transmitirles de inmediato su mensaje, sin necesidad de explicaciones ni discursos, a audiencias de Chile y el extranjero.

«No recuerdo otra manifestación artística similar», destaca Karoline Babic, alemana, quien con su tesis In Memoriam de la cueca sola: bailar para resistir, bailar para recordar obtuvo su título de doctora en el Centro de Estudios para América Latina y el Caribe de la Universidad de Albany, Estados Unidos.

«Me sorprende su función social, que es muy importante, pues ayuda a recordar un periodo muy terrible. He visto gente que las ve cantar y bailar y se pone a llorar, porque tiene una tremenda fuerza evocativa, y eso ocurre porque refleja muy bien el quiebre personal de los familiares de detenidos desaparecidos. Habla de un pasado feliz que pronto se rompe y se convierte en un presente-futuro lleno de incertidumbre y angustia», En la investigación internacional también destaca el documental La cueca sola (2003), de producción canadiense.

Para las mujeres involucradas en el conjunto folclórico de la A.F.D.D., la música ha sido, también, un modo de acompañar sucesivas etapas de su pena, temor, indignación y frustración por la impunidad en la que persisten muchos de los culpables de aquellos secuestros que les cambiaron la vida, hace cuarenta años. En parte por eso, el conjunto sigue activo, y ha persistido en el tiempo, por sobre los cambios políticos, las investigaciones y exhumaciones, y hasta la muerte de varias integrantes. La música del conjunto folclórico de la A.F.D.D. ha quedado hasta ahora registrada en los casetes Canto esperanza (1999, Alerce) (CLIC ACÁ) y De homenajes y recuerdos (2009, Municipalidad de Maipú).

Su conformación actual es pequeña, pero persiste en ensayos semanales —asesorados por Pedro Salas como director musical—, y esporádicas presentaciones. Cada uno de sus recitales está vinculado a una deuda nacional que no acomoda escuchar en reuniones de poder ni de celebración; pero que sigue ahí, latiendo, precisamente para impedir que la memoria se acomode e ignore la impunidad no resuelta.
Denuncia y acogida
Gabriela Zúñiga es hoy la encargada de Comunicaciones de la A.F.D.D. Ha seguido desde lo más íntimo de la agrupación el nacimiento, desarrollo y continuidad del conjunto folclórico. Sus recuerdos y opiniones son los de quien vio en amigas y compañeras suyas el efecto de un canto con la doble misión de la denuncia y la sanación:

«Muchos de los efectos de la música del conjunto se fueron dando sin que nosotros tuviéramos siquiera conciencia del impacto que producían. Cuando partió, en 1978, no teníamos cómo saberlo. Tampoco tuvimos conciencia de que las primeras mujeres en salir a la calle a protestar bajo dictadura fuimos nosotras. Ni de que nuestra idea de encadenarnos al ex Congreso iba a ser una fase histórica de los movimientos sociales en Chile. En general, las cosas que hemos hecho nunca han sido desde la perspectiva de la perpetuidad. Lo hacíamos porque era un momento crítico, porque lo necesitábamos. Porque a nosotros nos decían que los detenidos desaparecidos no existían».

—Esa trístemente célebre expresión periodística de «las presuntas víctimas…». —Ni siquiera. Fíjate que ésa fue una etapa superior de nuestra lucha. Lo primero fue la negación. Lo que nosotros encontrábamos en los primeros meses fue una barrera que nos decía: «No». No había siquiera un concepto para lo que nos sucedía en ese momento. Nos decían: «Busquen mejor, no sabemos nada». Eso de «se debe haber ido con otra mujer» era una frase clásica que tuvimos que escuchar decenas de veces. Entonces nuestras primeras actividades tuvieron que ver con buscar el modo de minimizar el impacto que nos significaba la idea de que nuestros hombres no iban a volver. Ahí surgió la idea de un conjunto folclórico. Ésa fue la génesis.

—¿Qué recuerdas de esa primera formación del grupo? —Ese grupo estaba compuesto por, como decimos nosotros, una gran cantidad de viejas [sonríe]. La finalidad no era hacer folclore por el puro gusto ni asombrar a nadie por la alta calidad del canto. La idea siempre fue hacer denuncia a través de la música, tal como otro grupo de mujeres hacía entonces arpilleras; arpilleras de denuncia sobre sus detenidos y desaparecidos que terminarían siendo objetos de culto y de estudio en todo el mundo (ver ACÁ más sobre esta tradición artesanal).

—Es muy importante en esa primera formación Gala Torres, fallecida en 2002. Háblame de ella. —Ella es fundamental. Era folclorista, y le ponía al grupo un aspecto profesional, directamente. Su hermano es detenido desaparecido. Gala era compositora, y ella es la creadora de la cueca sola, además de muchas otras canciones del conjunto. De hecho, los derechos de autor de la cueca sola están hoy en manos de su hijo. Hace un tiempo nos llamaron de la producción de la película No para que autorizáramos el uso de la cueca sola, pero no es una canción de la Agrupación, y yo los derivé donde Ruperto, quien siempre ha sido muy generoso, incluso compartiendo algo de lo que se recolecta por el uso de la canción.

Gabriela Bravo fue la bailarina oficial del conjunto por varios años. Luego ese papel ha recaído en Violeta Zúñiga y Marta Pérez. Cada una muestra un estilo diferente, cargado por su propia historia.

—Lo que uno recuerda bajo dictadura es un baile cansino, de pollera negra y blusa blanca, siempre con la foto de su hombre prendada en el pecho. ¿Es algo que se mantiene hoy? —No había un plan con eso. Se fue dando, y no es algo estricto. Nunca fue nuestra intención uniformarnos, pero, sí, quedó como marca. El tipo de baile que primero se conoció era el de la Gabi, y ella tenía su estilo. Hay otros bailes que han salido más trágicos, quizás más como de una obra griega. Cuando te especializas en el baile de la cueca sola, finalmente le pones algo tuyo.

—A 35 años del debut del conjunto, ¿qué sentido tiene para la A.F.D.D. mantener al grupo activo? —Tiene un sentido en la memoria y en la lucha. Ha pasado mucho tiempo. A mi marido se lo llevaron cuando yo tenía 21 años, imagínate las muchas cosas que he vivido desde entonces. Pero así como envejecemos nosotros, también envejecen los malos. Y tenemos que estar ahí, recordando que la impunidad es una herida abierta. Somos un grupo de personas lleno de dificultades, de gente dañada, con poco presupuesto para lo que nos gustaría hacer, incómodo para el poder. Pero por eso mismo seguimos, porque entre nosotras hay un apoyo. Y mientras eso exista, habrá que mantener al conjunto hasta las últimas.

vía Retazos de la memoria.

 

 
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Publicado por en 24 agosto, 2015 en Política

 

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Otorgan nacionalidad chilena a argentino que salvó a miles de perseguidos políticos durante la dictadura de Pinochet

Roberto Kozak posibilitó la salida del país a unas 30.000 personas.

El Senado aprobó este jueves (pasado) por unanimidad la concesión de la nacionalidad chilena por gracia al argentino Roberto Kozak, que durante la dictadura de Augusto Pinochet salvó de la prisión o posibilitó la salida del país a unos 30.000 perseguidos políticos, informaron fuentes parlamentarias.

La iniciativa, que quedó lista para ser promulgada como ley, constituye un reconocimiento a la defensa de los derechos humanos ejercida en ese período (1973-1990) por Roberto Kozak, en su condición de director del Comité Intergubernamental para las Migraciones Europeas (CIME).

La nacionalidad por gracia la concede Chile a un extranjero que ha prestado grandes servicios al país, y durante la sesión los senadores Isabel Allende y Juan Pablo Letelier destacaron los méritos de Kozak para recibir la distinción.

“Quiero destacar a Roberto Kozak, se la jugó un ciento por ciento después del golpe militar y gracias a sus acciones por lo menos 30 personas perseguidas o en riesgo pudieron rehacer sus vidas”, destacó la senadora, hija del fallecido presidente Salvador Allende.

“También continuó su labor tras el retorno a la democracia, haciéndose cargo del regreso de quienes tuvieron que salir del país. Somos muchos quienes estamos agradecidos por su ayuda humanitaria”, agregó.

Letelier, en tanto, subrayó que Kozak “es un hombre que ha servido a nuestra patria de una forma extraordinaria”, que hasta hoy ha continuado viviendo en Chile.

“Al visitar los centros de detención y tortura logró evitar que miles de personas pasaran desapercibidas y generó las condiciones para que más de 30 mil perseguidos salieran de Chile”, añadió el parlamentario, hijo del excanciller Orlando Letelier, asesinado por agentes de la dictadura en Washington en 1976.

Nacido en 1942, Roberto Kozak es ingeniero civil industrial de la Universidad de Buenos Aires y el proyecto que le concede la nacionalidad chilena por gracia se originó en la Cámara de Diputados, que lo aprobó el pasado mes de abril.

vía El Mostrador.

 
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Publicado por en 24 agosto, 2015 en Política

 

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Sepulturero de la Caravana de la Muerte Rompe el Silencio 40 Años Después

Casi al atardecer del 19 de octubre de 1973, el grupo de soldados baja con displicencia los 26 cadáveres de un camión. Cerca de ahí, detrás de los cerros, está la carretera que une Calama con San Pedro de Atacama. Víctor Gutiérrez Ramírez, 19 años, cabo del Ejército y hombre de confianza del teniente Contreras, bebe un sorbo de pisco puro que le fue entregado para darse valor. Tras esto, se echa un cuerpo a la espalda y camina lento, casi zigzagueando. Los fluidos que expele el fallecido le hacen apurar el paso. La fosa que ya está dispuesta es de un metro 80 de profundidad y de una dimensión comparable a un jacuzzi. Apila el cuerpo, que minutos antes fuera acribillado por fusiles Sig, y respira.

Gutiérrez reconstruye las ejecuciones según relatos que conoció después:

“Algunos prisioneros fueron acribillados en ráfaga de 20 tiros por fusil; en consecuencia sus cuerpos quedaron prácticamente destrozados. A uno de los prisioneros le dispararon en el bajo vientre y su cuerpo se vino hacia adelante; sin embargo a puras ráfagas lo levantaron hacia atrás. Todos los cuerpos soltaron los esfínteres. Fue deplorable lo que hicieron con ellos”.

Los excesos continúan antes de ser enterrados en la fosa. Esto vio Gutiérrez:

“Algunos soldados estaban nerviosos. Cuando fueron acomodados los cuerpos, alguien vio que uno de estos pareció moverse. Debimos tranquilizarlo antes que le disparara”.

El acto más infame lo comete un cabo de apellido Concha:

“Con su corvo le cortó el dedo anular a algunos cadáveres para extraerle el anillo de matrimonio. Mientras cortaba, el cabo decía: este oro servirá para la reconstrucción nacional”, dice Gutiérrez.

-¿Se ha encontrado hoy con alguno de sus compañeros?-

-He visto a dos, pero nadie saluda ni siquiera mira. Uno de estos maneja un taxi en Antofagasta. Otros continuaron en el ejército.

-¿Hay un pacto de silencio?-

-En ese momento nuestros superiores nos recalcaron que no debíamos contarle ni a la familia de lo que sucedió ese día; a nadie. A la vez, había un temor tácito pues quienes hablaban podían correr la misma suerte de los prisioneros. Deshumanización La vorágine de aquellos días, genera una deshumanización entre los soldados, que Gutiérrez, intenta explicar. “Proyectábamos temor entre la gente. Había detenciones arbitrarias sólo porque tal persona te miró mal o antes, hablo mal de ti. Se detenía sin previa explicación”.

Gutiérrez recuerda que, entre otras acciones, resguardó prisioneros.

“Ellos se ubicaban por horas en cuclillas y con las manos en la nuca; así quedaban indefensos. Había otro método en que uno les echaba la espalda hacia adelante y caían como dominó”.

-¿Qué lleva a algunos solados a cometer ensañamientos?

-Hay estados mentales que derivan en situaciones de abuso como el continuar golpeando al no existir respuesta. La respuesta pasiva ante los golpes genera más castigo. En general, la tortura fue un triste acto de cobardía; de abuso de poder. Hay un ejemplo: el marido que golpea a su esposa. Al no haber respuesta; la violencia intrafamiliar continúa. Cuando las fuerzas en disputa son similares la situación cambia. En este caso el ejército de Chile no tuvo respuesta del otro lado, la supuesta subversión. Al final el abuso de poder corrompió y sucedió lo que todos saben.

-¿A su juicio, que responsabilidad tuvo Pinochet?

-Hay una frase del general: En Chile no se mueve una hoja sin que yo lo sepa. Eso lo resume todo. Pinochet siempre estuvo al tanto de lo que sucedía en Chile y en su ejército. Al final, los ingleses hicieron el trabajo de la justicia chilena. A la vez, Arellano Stark y Contreras (“Mamo”) han recibido un castigo mínimo por las atrocidades que se cometieron.

A Gutiérrez le pregunto cómo ha sido convivir 40 años con esto. El hombre guarda silencio. Dice que dos veces se ha quebrado contando; ambas con sus hijas. Ahora se mantiene firme. Confiesa que casi todo se puede resumir en algo es que no puede ver películas de guerra, pues le afloran las imágenes.

“No pretendo justificarme, sin embargo la carga sicológica siempre está presente”, afirma este hombre que no exagera ni teme.
Rodrigo Ramos

vía El Ciudadano.

 
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Publicado por en 30 octubre, 2014 en Política

 

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Allende fue acribillado y rematado

A 40 años de su muerte y en momentos en que la Corte Suprema está por decidir el cierre definitivo del proceso que indaga en las causas de su deceso, una investigación histórica y forense contenida en el libro “Allende. Yo no me rendiré” (Ceibo, septiembre 2013) demuestra que el Presidente no se suicidó.

Un testimonio obtenido a contramano da cuenta que el general Javier Palacios le habría propinado el disparo en la frente al Mandatario, evidenciado en peritaje químico de 2011 que había sido mantenido oculto… hasta ahora.

El presidente Salvador Allende fue rematado con un disparo en la frente. Es lo que concluye el Informe Pericial Químico N° 261 (de 27 de mayo de 2011), elaborado por el perito químico Leonel Liberona Tobar.

En el ítem Conclusiones afirma textualmente: “En la muestra N° 3 (situada en la frente), se constató la presencia de plomo, bario y antimonio, cuyas concentraciones son compatibles con un orificio de entrada de proyectil balístico generado de corta distancia”.

Este disparo de entrada de proyectil en la frente se alinea perfectamente con el “orificio redondeado de salida de proyectil tallado a bisel externo” con el que quedó el cráneo de Allende tras el asalto a La Moneda, según consta en el informe de la autopsia Nº 2449/73. Esta fue realizada la noche del 11 de septiembre de 1973 en el Hospital Militar por el médico legista Tomás Tobar y el ginecólogo José Luis Vásquez.

Esta diligencia –como pudimos constatar en nuestra investigación- fue vigilada por militares armados encabezados por el teniente Manuel Vásquez Nanjarí, quien así lo reconoció en el “Caso Allende” (a fojas 1.101 y siguientes).

El informe de la autopsia de 1973 sólo pudo conocerse el año 2000. Venía anexado al libro “La Conjura. Los mil y un días del Golpe”, de la periodista Mónica González. Sobre la base de dicho informe el médico legista Luis Ravanal preparó un metanálisis forense que fue publicado el 8 de septiembre de 2008 en El Periodista.

El doctor Ravanal planteó que el disparo con fusil necesariamente tuvo que haberse realizado después del disparo con arma corta “puesto que, de lo contrario, este no habría dejado orificio de salida”.

En enero de 2011 se abrió el proceso Rol 77-2011, “Caso Allende”. Esto ocurría tras una querella presentada por la fiscal de la Corte de Apelaciones Beatriz Pedrals.

Para discernir si en este caso correspondía que se hiciera una nueva autopsia, el ministro instructor de la causa Mario Carroza pidió una opinión al Servicio Médico Legal (SML). Estos designaron al tanatólogo Germán Tapia Coppa para que analizase tan importante materia.

El 4 de abril de 2011, este legista emanó un informe forense en el que recomendó la exhumación de los restos de Allende. Dio argumentos similares a los planteados por el perito Ravanal en 2008: “si en un cadáver se reconoce estallido de cráneo al mismo tiempo que en uno de los fragmentos de la bóveda se evidencia un orificio de salida de proyectil (…) se debe mencionar que dicho orificio de salida se produce en un momento anterior al estallido de la cavidad. Esto es debido a que se requiere la integridad de la cavidad craneana para que un proyectil pueda generar una lesión característica de orificio de salida”.

Tras este informe del SML, Carroza ordenó realizar una nueva exhumación la que se verificó el 23 de mayo de 2011. En esta necropsia no se encontró el segmento de la parte posterior del cráneo en el que estaba contenido el citado orificio de bala. De hecho casi la mitad de los huesos del cráneo no estaban (Ver recuadro).

Como consecuencia de esto, los peritos convocados por el juez Carroza y el SML no pudieron saber la trayectoria de las balas y ni siquiera establecer la cantidad de éstas que impactaron el cráneo de Allende.

El perito balístico David Pryor lo reconoce de esta manera en su informe oficial: “Si hubo o no un segundo proyectil, ocurrió durante el mismo disparo, siguió con una diferencia de milisegundos una trayectoria similar pero no es posible confirmar o descartar esta posibilidad mediante el examen morfológico del material óseo conservado u otras técnicas de exploración actualmente disponibles”. Pryor tampoco pudo establecer el punto de entrada ni de salida de la bala, ni la trayectoria de la misma.

El forense Ravanal afirma a este respecto: “Si uno aplica el sentido común, y considera que los peritos del SML no encontraron orificio de salida; no contaron con gran parte de los huesos del cráneo, especialmente la base del cráneo por donde penetró la bala, uno no puede dejarse de preguntar: ¿Cómo pueden haber determinado si hubo más de un proyectil y cómo pudieron haber excluido la existencia de lesiones asociadas a proyectiles de bajo calibre como ese fragmento redondeado que no hallaron?”.

A pesar de la carencia de pruebas, el 13 de septiembre de 2013 el ministro Carroza determinó el cierre de la causa: “los hechos que significaron la muerte del presidente Salvador Allende Gossens provienen de un acto deliberado en el que, voluntariamente éste se quita la vida y no hay intervención de terceros, ya sea para su cometido como para su auxilio”.

De esta manera se ratificaba la veracidad de la historia oficial construida por los militares golpistas desde el mismo once de septiembre en La Moneda.

El 24 de junio de 2013 la segunda sala de la Corte de Apelaciones de Santiago ratificó lo obrado por Carroza. Ahora resta como último recurso para evitar el cierre definitivo de esta causa, que la Corte Suprema se pronuncie respecto de un recurso de casación presentado en julio por los abogados de la parte querellante, Matías Coll y Roberto Celedón, que representan a la Asociación Nacional de Ex Prisioneros Políticos.

OCULTAMIENTO DE PRUEBA

En la autopsia de 2011, los miembros de una comisión internacional de expertos convocados por el SML para determinar las causas de la muerte de Allende, no se pronunciaron respecto de la evidencia que daba cuenta de la existencia un disparo hecho con arma corta.

El doctor Ravanal señala a este respecto en el libro “Yo no me rendiré”, que la comisión especial de expertos designada para este caso “se limitó exclusivamente a realizar análisis segmentarios de los aspectos que en sus respectivas áreas les competía: Acta de Exhumación, Informe Odontológico, Informe Antropológico, Informe de Evidencia Asociada (prendas de vestir), Informe Balístico, Informe Entomológico e Informe Genético”, pero que “absolutamente en ninguno de ellos se menciona o aborda el análisis causal relativo al ‘segmento de orificio redondeado tallado a bisel externo de aproximadamente 2 a 3 cm’ (descrito en la autopsia de 1973)”. La muestra N° 3 solo se menciona como una nota a pie de página como si se tratase de un aspecto sin importancia en la investigación.

Menos transparente aún fue lo realizado por el SML luego que el perito Liberona Tobar diera cuenta de la existencia de residuos de pólvora que se explicarían por un disparo hecho a corta distancia con arma de bajo calibre.

Después de conocer dicho informe químico, el SML –que es dirigido por el médico sin especialidad forense Patricio Bustos- citó a una reunión al perito Liberona Tobar que se concretó el 15 de julio de 2011 y que contó con la participación del juez Carroza.

Este encuentro fue reseñado por Liberona en el Informe Pericial Químico N° 380/2011, de 26 de julio. En el Punto 1 se sostiene: “Considerando los antecedentes obtenidos en la reunión el día 15.jul.011 en dependencias del SML, de Santiago, donde se aclaró que la muestra N° 3, fue levantada de la cara interna, zona inferior del sector izquierdo del hueso frontal orbital del occiso. Los resultados de las concentraciones de antimonio, bario y plomo señalados en el Informe Pericial Químico N° 261 de fecha 27.may.O11, son atribuibles a trayectoria o impacto de proyectil balístico”.

En relación con esto, el forense Luis Ravanal expresó que “se puede apreciar claramente que tras la reunión de aclaración llevada a cabo en el SML, el perito químico modificó su conclusión original, sustituyéndola por otra del todo inespecífica y ambigua. Claramente en este segundo informe, ya no se trataba de un ‘orificio de entrada de proyectil balístico generado de corta distancia’, modificación que evidentemente satisfizo a más de alguien”.

El doctor Ravanal cuestiona que se le haya tenido que aclarar a Liberona el lugar específico de donde provenía la muestra N° 3 en circunstancias que fue él mismo quien la recolectó como detalló en su primer informe (N° 261-2011).

De todos modos, esta modificación no logra ocultar que en la frente de Allende se encontraron residuos en cantidades que sugieren –o establecen- la existencia de un disparo hecho a corta distancia.

Foto de Herida en cráneo Allende – Pieza N° 3

“PALACIOS LO REMATÓ”

La descripción del disparo de bala presente en la frente es concordante con el testimonio brindado a este corresponsal -el 16 de agosto de 2013 vía videoconferencia- por el chileno residente en Milán, Julio Araya Toro y que aparece contenido en la investigación histórica y forense que forman parte del libro “Allende: Yo no me rendiré”.

Supimos de él revisando el expediente de la causa. A fojas 644, aparece una misiva enviada por él -en febrero de 2011- al ministro Carroza. Allí propuso transmitirle una confesión que el general Palacios le habría hecho a su padre y que dice relación con la forma en que realmente murió Allende. Carroza no le contestó. Nosotros sí nos contactamos.

Araya Toro (46 años) cuenta que su progenitor fue amigo desde la niñez con el general Javier Palacios. Ambos vivían en el mismo sector residencial del antiguo centro de Santiago donde residían las familias aristocráticas de principios del siglo XX. Ambos estudiaron en los Padres Franceses, asistían a la misma iglesia y jugaban en el mismo lugar: el Parque Cousiño. “Ya mayores tomaron diferentes caminos. Mi padre siguió la vida civil y el general Palacios ingresó a la Escuela Militar en 1941, pero continuaron frecuentándose a través de toda la vida”.

Luego de esta contextualización, Araya Toro entró en el quid del asunto: “Esta historia me la contó mi padre muchos años después del golpe, cuando nos encontramos con el general Palacios -en febrero de 1992- en el centro de Viña del Mar. En ese momento mi padre, al verlo caminando hacia él, le grita ‘¡Javier!’. A su vez, Palacios le contragrita ‘¡Jorge!’. Pero, antes de abrazarse, mi padre se dirige a mí y me dice: ‘te presento al general que asesinó al presidente Salvador Allende’. Palacios se desfiguró y le respondió: ‘no digas esas cosas porque la gente puede creer cualquier cosa’. Se saludaron, se abrazaron, conversaron diez minutos y después se despidieron. Entonces, mi padre me dijo: ‘te voy a contar la historia de lo que pasó el 11 de septiembre y cómo Palacios asesinó al presidente Allende y se tomó La Moneda’”.

Palacios se lo confesó durante una visita que hizo a la casa de Araya Gómez en la santiaguina comuna de Maipú, en marzo de 1974. “Llegó acompañado de una patrulla militar y vestido en tenida de guerra. Yo tenía siete años pero lo recuerdo perfectamente. Hablaron de sus familias y cosas triviales. Posteriormente, mi padre le hace notar su consternación por lo ocurrido durante los meses anteriores, a lo que Palacios respondió: ‘te tienes que sentir orgulloso de que un amigo tuyo pasara a la historia’.

“Mi padre le pregunta el por qué de esta aseveración. El General comenzó a hablar: su misión era rodear con tanques y tomarse La Moneda por tierra, ya que comandaba el regimiento Blindado Nº2 (el mismo del tanquetazo de junio de 1973). Ingresó por la puerta de Morandé 80 con soldados de infantería en el mismo instante en que bajaban las escalas las personas que estaban con Allende y a las cuales éste les había pedido que salieran. Los militares comenzaron a tirar a la gente hacia abajo por las escalas mientras ellos subían. El ambiente era un infierno ya que La Moneda ardía por el bombardeo y no se podía respirar por los gases lacrimógenos. En el segundo piso, Palacios fue recibido con ráfagas de metralletas de Allende y algunos de sus hombres que estaban en el salón Rojo. En ese momento, Palacios grita a los miembros del GAP (escolta de Allende) que se rindieran y fue Allende que respondió gritando: ‘¡soy el presidente de Chile y si te crees muy valiente ven a buscarme conchetumaire!’. Inmediatamente, los GAP y Allende comienzan a disparar y una bala de Allende hiere en la mano derecha a Palacios.

“Los hombres de Palacios, al ver a su general herido, avanzan disparando contra los miembros del GAP y éstos van cayendo por las balas de los militares, mientras Palacios es asistido por Armando Fernández Larios, que le pasó su pañuelo para detener la sangre de la mano herida. Entretanto, seguía la balacera más adentro, ya que los GAP iban replegándose. Dos militares que iban disparando hirieron en el estómago o el pecho a un civil que portaba una metralleta, un casco y una máscara antigases; el civil se plegó y cayó al suelo. A Palacios (…) le llamó la atención este civil. Se fijó que portaba un reloj fino. Al sacarle la máscara antigases y el casco reconoce al presidente Allende. En ese momento saca su pistola de ordenanza y dispara a quemarropa en su cabeza.

“Eran las 14:00 horas Palacios con sus hombres trasladan el cuerpo del presidente Allende al salón Independencia. Comienzan entonces a preparar el montaje para decir que el presidente Allende se había suicidado”.

TESTIMONIO CONCORDANTE

Aunque no es posible garantizar la veracidad de este testimonio, es preciso subrayar que es coherente con la evidencia histórica y forense existente. Según el perito Ravanal “en este relato podemos encontrar numerosos elementos que son concordantes con los resultados autópsicos: mayores concentraciones de residuos de pólvora en la zona frontal y órbita izquierda; un orificio redondeado de salida de proyectil tallado a bisel externo en la parte posterior de la bóveda craneana, que se alinea perfectamente con una lesión en la zona frontal”.

Este relato de Jorge Araya guarda una notable similitud con lo expresado por el periodista y escritor Gabriel García Márquez, en su nota “La verdadera muerte de un Presidente” (1974) en la que relata el asalto a La Moneda y el enfrentamiento entre Allende y Palacios.

Pero es el propio General Palacios quien da sentido al testimonio de Araya. Una semana después del golpe de 1973 declaró: “Allende estuvo disparando todo el tiempo porque tenía las manos llenas de pólvora. El cargador de la metralleta estaba vacío. Había numerosas vainillas en la ventana. A su lado también estaba un revolver. Y cuando pasé a identificarlo, tenía un casco y una máscara de gases”. Esta trascendental declaración es reproducida en la nota “Recuerdos del General Palacios”, Ercilla N° 1991, del 26 de septiembre de 1973.

Este testimonio es similar al brindado en el documental “Más fuerte que el fuego. Las últimas horas en La Moneda” (1978), en que sostiene que “hasta el último momento él (Allende) disparaba contra nosotros”.

La evidencia de que Allende combatió hasta el final –y no se rindió- fue refrendada por el corresponsal de Prensa Latina Jorge Timossi en su nota “Las últimas horas de La Moneda” (13 de septiembre de 1973). Allí señala: “A las 13:52 minutos recibí una llamada desde Palacio. Era Jaime Barrios, asesor económico del Presidente, quien (…) me informó: ‘Vamos hasta el final. Allende está disparando con una ametralladora. Esto es infernal y nos ahoga el humo’”.

Cabe señalar que de acuerdo a la versión emanada por la Junta, Allende se habría suicidado entre las 13:30 y las 14 horas, como sostuvo la noche del “once” el prefecto de Investigaciones de Santiago, René Carrasco, a corresponsales extranjeros.

El fiscal norteamericano Eugene Propper, que investigó el doble asesinato del excanciller Orlando Letelier y de su secretaria Ronnie Moffit, acaecido en Washington en 21 de septiembre de 1976, describió en su libro Laberinto (1982), coescrito con el periodista Taylor Branch, cómo habría muerto Allende:

“Poco después de las 2 p.m., unidades de infantería logran invadir La Moneda. Pequeños grupos corren escaleras arriba en medio del humo, cubriéndose con fuego de metralletas. Un teniente chileno de pelo rubio, René Riveros, de pronto se encuentra frente a un civil armado vestido con un suéter con cuello tortuga. Riveros vacía la mitad de sus municiones en el Presidente de Chile, matándolo instantáneamente con una hilera de heridas que van desde la ingle a la garganta”.

Este relato se basó en el testimonio brindado por el oficial de la Escuela de Infantería condenado en el Caso Letelier, Armando Fernández Larios; y en información proporcionada por el jefe del FBI en Argentina, Robert Scherrer. El excorresponsal de Washington Post, en Santiago, John Dinges, nos expresó en 2011 que Scherrer, a quien consideraba “una fuente de oro”, le informó en 1979 lo mismo que a Propper: Riveros mató a Allende.

Cabe señalar que, después de “constatar” la muerte de Allende, Palacios lo comunica -a las 14:35- al general Sergio Nuño –ubicado en el Ministerio de Defensa-: “Misión cumplida: Moneda tomada, Presidente muerto”. En ningún momento dio a entender que hubo suicidio.

Palacios, que era director de Inteligencia del Ejército, reconoció –según consta en el documental “Más fuerte que el fuego”- que oficiales del Servicio de Inteligencia Militar (SIM) entraron al salón donde murió Allende: “Le tomaron una fotos”, dijo. Sin embargo, es más verosímil que su participación haya tenido por objeto construir el suicidio. La Brigada de Homicidios sólo pudo entrar a las 16:20 horas, cuando el SIM ya había podido alterar todo el sitio del suceso.

Pocos después que Palacios informara de la muerte de Allende, un grupo de civiles golpistas difundió la noticia por onda corta desde el mismísimo Ministerio de Defensa: “Atención Chile. Atención a todo el mundo. Aquí Santiago Treinta y Tres. Este es Chile Libre. Allende ya es un cadáver. El capitán Roberto Garrido nos ha liberado de las garras del marxismo (…) Allende ha sido ajusticiado por nuestros soldados gloriosos”.

La Junta Militar intentó por todos los medios ocultar o destruir las evidencias que dieran cuenta de lo realmente sucedido con Allende en sus últimos instantes. La Primera Fiscalía Militar nunca entregó el expediente asociado al proceso abierto por la muerte de Allende donde estaba el Informe de Autopsia 2447 de 1973.

Aún no aparece el set de 29 fotos (ordenadas desde la A hasta la Z) que los peritos de la Policía Técnica de Investigaciones tomaron en el sitio del suceso. El General Palacios se quedó con el fusil AK-47 con el que –supuestamente- Allende se suicidó. Este no pudo ser periciado por los expertos policiales los que, sin embargo, aseguraron, tras una veloz inspección, que Allende se suicidó.

Tras nuestra mencionada investigación histórico forense sobre la muerte del Presidente Allende, que nos permitió constatar cientos de irregularidades, errores y omisiones, pudimos concluir que la teoría del suicidio, es una fabricación comunicacional, política, policial, forense e histórica realizada por los conspiradores constituidos en Junta Militar de Gobierno, y consolidada hasta nuestros días por poderes fácticos que gobiernan nuestra sociedad.

Recuadro 1

FOTOGRAFÍA CLAVE

A pesar de todo el esfuerzo hecho por la Junta Militar con el fin de ocultar las evidencias que mostraban lo realmente sucedido aquel once de septiembre en La Moneda, la verdad ha podido filtrarse hasta nuestros días.

En diciembre de 1973 alguien sustrajo la foto Nº 1416/73-A desde los archivos de Investigaciones, la que demuestra la falsedad de la versión oficial. El doctor Ravanal lo explica así en el mencionado libro coescrito con este corresponsal:

“Allí se puede ver un cadáver perfectamente alineado y en posición recta, como un tronco caído, lo que no es concordante con un individuo que en vida se pega un tiro de fusil bajo la mandíbula estando sentado, menos aun cuando ha ocurrido una destrucción masiva del encéfalo, lo que conlleva a una desconexión neurológica absoluta e instantánea, por lo que no cabría esperar que ocurriesen movimientos agónicos y/o reflejos en estas condiciones, que llevasen a las cuatro extremidades a alinearse con el eje principal del cuerpo, y extender totalmente las rodillas en la forma y magnitud que se aprecia en las imágenes y esquemas. Esta evidencia que el cadáver fue manipulado, dejándolo en una posición de arrastre sobre el sofá, por cuanto cuando un cadáver se arrastra por el tronco en posición ventral, las piernas se arrastran detrás de este extendiéndose las rodillas y apoyándose el peso en los talones”.

Ravanal destaca en relación con esta imagen otro aspecto que desmiente la construcción oficial sobre la muerte de Allende: “Nótese el aspecto limpio de las prendas de vestir en la zona anterior del cuello y tórax, donde se aprecia el diseño geométrico del chaleco de cuello alto, limpio, sin impregnación de sangre, solo se advierte un patrón de escurrimiento, que correspondería a líquidos sanguinolentos que fluyen pasivamente por efecto gravitacional postmortem, desde la zona frontal y anterior de la cara y cabeza, hacia abajo y derecha, en relación al ángulo de inclinación de la cabeza.

“La ausencia total de sangre en la zona anterior del tórax y cuello, es un claro indicador respecto a que al momento de producirse el disparo submentoniano, Allende no estaba vivo o se encontraba en otra posición, por cuanto de haberse encontrado con vida en posición sentada al momento de producirse el impacto submentoniano, la sangre habría escurrido en grandes volúmenes, masivamente hacia abajo, tal como lo demuestran dos videos de suicidios registrados en vivo y que le fueron acompañados al ministro Carroza durante la investigación, evidenciando la falta de sustento de los informes oficiales, que en el caso desafían a la fuerza de gravedad”.

Recuadro 2

LA MASCARADA

Para entender bien cómo se consolidó la versión oficial construida por la Junta Militar, hay que remontarse a 1990. La medianoche del 17 de agosto de aquel año se realizó en el Cementerio Santa Inés de Viña del Mar la primera exhumación (en la foto) del cuerpo de Salvador Allende. Se hizo con el fin de verificar si efectivamente sus restos estaban ahí y con el objetivo de reemplazar la vieja urna de latón por una nueva. Todo esto con miras al funeral oficial que se realizaría el 4 de septiembre de ese año.

La operación fue hecha en total secreto, a hurtadillas. Fue dirigida por el ministro vocero de Gobierno, Enrique Correa. La familia Allende envió en su representación al doctor Arturo Jirón.

La operación fue realizada sin especialistas, con total desprolijidad. Pablo Salas, que filmó esta exhumación, contó detalles de lo sucedido a este corresponsal en 2011: “Cuando llegamos al Cementerio Santa Inés estaba todo oscuro (…) Y nadie sabía si Allende estaba o no en su tumba”. Comenta que cerca de las 10 de la noche comenzaron a abrir la cripta de la familia Grove-Allende: una bóveda bajo el suelo a la que se desciende por una escalera. Recuerda que había ocho nichos, ubicados cuatro a cada lado y uno sobre otro. “Al fondo, del lado izquierdo, se encontraba el nicho donde se supone estaba Allende”, relató.

El camarógrafo afirma que sólo cuando llegó el ministro Correa, los panteoneros empezaron a romper la cubierta de cemento que resguardaba al nicho, “la cual tendría unos tres o cuatro centímetros de grosor”.

Sostiene que después de ello, “se pudo ver un ataúd de metal que tenía una chapa muy delgada y completamente oxidada”. Los empleados intentaron sacar el ataúd y éste se comenzó a desarmar. “Cuando lo jalaron un poco más fuerte, el ataúd se rompió. De esa forma lo lograron abrir”.

Cuenta que en ese momento él bajó al fondo de la cripta junto con Jesús Inostroza, fotógrafo de la Presidencia de la República de Chile, y el doctor Jirón, quien fue enviado por la familia Allende Bussi con la finalidad de reconocer los restos del ex Mandatario. Jirón fue uno de los médicos que estuvo con Allende en el Palacio de La Moneda el día de su muerte.

Salas dice que para ver los restos de Allende, el doctor Jirón se tuvo que agachar y meter parte de su cabeza al nicho. “Miró y empezó a murmurar: ‘el zapato, los pantalones, el chaleco’. Como yo estaba filmando, mi necesidad era que el tipo dijera lo que veía. Entonces, de repente le pregunté: ¿Es la ropa que llevaba? Y él me dijo: Si, así es”.

Salas relata que “los sepultureros comenzaron a romper el ataúd con el propósito de tomar los restos de Allende e irlos poniendo en una caja de metal chica, de menos de un metro de alto por 40 ó 50 centímetros de ancho y largo. Entonces empezaron a tomar todos los restos de Allende y los empezaron a poner en esta cajita metálica”.

–”¿En qué estado se encontraba el cráneo?”, le preguntamos a Salas.

Él recuerda que el cráneo estaba “muy incompleto”. Sostiene que sólo había una parte de él. “Si un cráneo normal tiene el tamaño de un melón, lo que había ahí tenía el tamaño de una manzana”, comenta.

El camarógrafo cuenta que los empleados del cementerio tendieron un paño blanco y colocaron sobre él ropa, restos óseos, pedazos de piel y pelo que no habían metido a la caja metálica. Después sacaron de la cripta tanto la caja como el paño. A este último lo volvieron a revisar, tomaron de él algunos “huesitos” y los arrojaron a la caja metálica. “Todo lo demás quedó fuera. Esto es, los zapatos, los pantalones, el chaleco, lo que era reconocible”.

Salas cree que la ropa y algunos restos óseos que los empleados no metieron a la caja metálica, “se fueron a la basura porque cuando nos fuimos se quedó ahí, nadie se los llevó”. Esta afirmación sería corroborada por tres panteoneros que declararon -en 2011- en el marco de la investigación encabezada por el ministro Carroza.

El testigo señala que los zapatos de Allende estaban casi intactos; el pantalón era oscuro, casi negro; y el chaleco era de lana blanca con puntos negros.

Dice que cuando terminaron “de poner los restos de Allende en la cajita de metal, ésta se colocó dentro de un ataúd nuevo, de madera, bien bonito. Este ataúd fue sellado con soplete y luego fue puesto en el mismo nicho donde estaba el ataúd antiguo”.

No hubo nueva autopsia ni ningún procedimiento forense. Sin embargo, esa mirada de un minuto bastó para que la familia del Presidente Allende, el gobierno de Patricio Aylwin y la prensa confirmaran que los restos correspondían a Allende y que éste se había suicidado… aunque usted no lo crea.

La revista Análisis (N° 348, septiembre de 1990) publicó -destacado en portada- el reportaje “El suicidio de Allende” que fue clave en la masificación en el seno de la izquierda de la versión oficial:

“Hasta el 17 de agosto de este año (…) existían serias dudas de que Allende se hubiera suicidado (…) Sin embargo, el resultado de la exhumación y reducción de los restos del presidente Allende (…) demostró que el cadáver (…) tenía un orificio en el cráneo que puede corresponder a un disparo de tipo suicida. Los que vieron los restos de Allende y sumaron a ello los antecedentes que tenían, están en condiciones de afirmar que Allende se quitó la vida”.

El 4 de septiembre fue el funeral oficial. En dicha ocasión -según testimonió a este corresponsal del cineasta Miguel Littín- la comitiva oficial que trasladaba los restos de Allende se detuvo en una parte del trayecto entre el Cementerio Santa Inés de Viña del Mar y el Cementerio General de Santiago. Por un lapso de una media hora desapareció el vehículo que llevaba los restos de Allende sin que nadie diera explicaciones de lo sucedido. En la comitiva participaba el ministro de Interior Enrique Krauss.

Littín levantó un acta notarial de este suceso por si moría antes de poder contarlo. Este cineasta chileno, actualmente está en la última etapa del rodaje de su film, en que muestra cómo fueron las últimas horas de Salvador Allende. Se espera que ahí cuente la verdad sobre su muerte.

Por Francisco Marín

El Ciudadano.

 
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Publicado por en 13 mayo, 2014 en Política

 

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Las armas químicas de Pinochet

La revelación de la ex directora del ISP Ingrid Heitmann respecto de que las armas químicas de la dictadura fueron destruidas recién en 2008 y sin informar a nadie, causó estupor. ¿De dónde salieron? En el marco del proyecto Los Casos de Los Archivos del Cardenal, de la Facultad de Periodismo de la Universidad Diego Portales, la directora de CIPER, Mónica González, relató en detalle la escabrosa historia de las armas químicas de la dictadura.

Esa noche de septiembre de 1976, el avión Lan despegó desde Santiago sin contratiempos. Su destino: Washington. Entre sus pasajeros, un hombre alto y con pinta de gringo. En su bolso de mano, cuidadosamente envuelto, un frasco de perfume Chanel Nº 5. Ninguno de los pasajeros supo que si una fuerte turbulencia los hubiera atrapado en la travesía, el contenido de ese glamoroso frasco les habría provocado la muerte. Porque el “gringo” era Michael Townley y su frasco no contenía perfume sino gas sarín con el que se pretendía asesinar al ex canciller de Salvador Allende, Orlando Letelier, quien vivía en la capital de Estados Unidos y había sido identificado como enemigo a eliminar por Augusto Pinochet y la DINA, su principal servicio secreto, del cual Townley era uno de los agentes más importantes.

Nunca se pudo establecer por qué el plan original de matar a Letelier arrojándole gas sarín en su almohada fue desechado. Se optó finalmente por la bomba que hizo estallar su auto en pleno corazón del barrio de las embajadas de Washington, el 26 de ese mismo septiembre. Y si bien muy pronto la justicia estadounidense puso en la mira al régimen militar chileno como principal sospechoso, pasarían años antes de que se supiera que en Chile la DINA y el Ejército habían fabricado armas químicas para eliminar a opositores y testigos molestos, y también como armas de destrucción masiva.

El primer cerrojo de la seguridad del laboratorio secreto de la DINA se rompió en marzo de 1978, ante la presión de Estados Unidos y del fiscal de ese país Eugene Propper, quien llegó a Santiago el 17 de marzo para agilizar personalmente la respuesta al exhorto enviado por el crimen de Letelier. Sin que los ciudadanos se enteraran, en esos días los cimientos de la dictadura se remecieron. La suerte de Michael Townley y del general Manuel Contreras se jugó entre dos bandos que se enfrentaron duramente. Finalmente, se decidió negociar la entrega de Townley. Fue entonces que su esposa, Mariana Callejas, se jugó un último recurso. Y le envió una carta manuscrita al general Gustavo Leigh, comdandante en jefe de la Fuerza Aérea, y en ese momento el principal detractor interno de Pinochet.

“Lo he pensado mucho. La Patria no es el Gobierno. Este Gobierno puede caer, la Patria continuará. Yo puedo morir, pero mis hijos sabrán, junto con todo el mundo, por qué está su padre en prisión. Nada puede detener ya lo que podría ser revelado, solamente yo puedo impedirlo, pero mi marido fue lanzado a los leones, estoy a la espera de nuevos acontecimientos. Mi última carta si mi marido recibe una condena larga y veo que mi hogar queda totalmente destruido, es la fórmula y una muestra de Andrea, producto químico desarrollado aquí, de increíble precisión y altura científica, un producto letal que en caso de guerra sería un arma absolutamente eficaz, pero que aquí ha sido usado para eliminar a personajes molestos porque los resultados son aparentemente un ataque al corazón” (1).

Townley fue expulsado a Estados Unidos en abril de 1978. En Chile los enfrentamientos al interior del régimen continuarían por largos meses y Callejas se desquitaría entregándole más tarde al FBI las confesiones que le dejó su marido horas antes de abandonar el país, donde relataba con detalles cómo se decidió la construcción del laboratorio de las armas químicas y los nombres de algunas de sus víctimas. En Chile nada se supo y nuevas víctimas se agregaron a la lista de Andrea.

Mariana Callejas conservó en su poder el frasco con sarín.

Millones para Lo Curro

La decisión de fabricar armas químicas en Chile se adoptó recién iniciado el año 1975. Fue el propio Manuel Contreras, jefe de la DINA, quien se la comunicó a Michael Townley. La cita se realizó en el cuartel general del organismo secreto, en calle Belgrado, cuando Contreras le entregó las instrucciones específicas y US$ 25 mil para una nueva misión que debía cumplir en México. Entonces se planificó el asesinaro del ex ministro de Economía de Allende, Pedro Vuskovic, entre otros dirigentes de la Unidad Popular que se reunirían en la capital mexicana.

En la confesión que hizo de su puño y letra el 14 de marzo de 1978 y que le dejó a Mariana Callejas, Townley resume esa reunión. Allí Contreras le informó que se daría inicio a la operación química y electrónica, para lo cual se compraría una casa que reuniera las características indispensables para asegurar el secreto de lo que en ese laboratorio se fabricaría. Townley debía encontrar el inmueble.

El fracaso del plan en México no fue obstáculo para el inicio de la operación. Una gran casa en el entonces aislado sector de Lo Curro, en Vía Naranja N° 4925, concitó el entusiasmo de Townley y Callejas, quienes de inmediato dejaron su vivienda en Pio X y se mudaron junto a sus hijos a la nueva residencia el 24 de enero de 1975, tras el pago de los US$ 25 mil desembolsados por Contreras.

Cinco meses después se firmó la escritura en la Notaría de Gustavo Bopp Blu. El documento lleva la firma de Miguel Ángel Vidaurre Folch, publicista, como el vendedor; y de Diego Castro Castañeda, “comerciante, domiciliado en calle Nevería N° 1.418” y Rodolfo Schmidt Menz, “comerciante, domiciliado en Providencia Nº 2.318”, en calidad de compradores. En las investigaciones judiciales posteriores ha quedado establecido que Diego Castro era la identidad falsa del entonces coronel Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, mientras la de Schmidt correspondía al mayor Rolando Acuña, quien actuaba como abogado para las operaciones secretas de la DINA. Ambos firman en representación de la sociedad Prosin Limitada, una sociedad pantalla de la DINA que se usó para múltiples compras en el exterior (2).

Desde el Cuartel General de la DINA se proveyó al nuevo cuartel Quetropillán, en Lo Curro, de una custodia armada permanente que resguardara el laboratorio químico que rápidamente se empezó a habilitar, además de los sofisticados equipos electrónicos para captar señales distantes y emitir mensajes al exterior que Townley instaló en el lugar. El jefe de Quetropillan tuvo derecho también a dos chóferes militares: Carlos Sáez Sanhueza y Ricardo Muñoz Cerda.

Mariana Callejas

El maestro carpintero Martín Melian fue el encargado de las ampliaciones y refacciones que requirió la que fuera una vivienda de cuidadores, la que se convirtió en el laboratorio químico que quedó con puertas metálicas y ventanas selladas con ladrillos. Años más tarde, su relato y el de la secretaria Alejandra Damiani ante el ministro Adolfo Bañados aportarían valiosos datos para reconstituir tanto los flujos de pagos desde el Cuartel General de la DINA, así como respecto de la rutina y las visitas de Contreras y otros oficiales a uno de los cuarteles más secretos del organismo de seguridad.

1975 fue un año muy intenso para Townley y el nuevo Centro de Investigación y Desarrollo Técnico de la DINA (Quetropillán). Los viajes al exterior se multiplicaron para traer equipo y materiales. Las principales compras las hizo Townley en Gallenkamp y Co, en Londres; y en Estados Unidos, en Fisher Scientific, donde José Santos en New Jersey y en PRC de Orlando, Florida. Para todas esas adquisiciones uso el nombre de Kenneth Enyard, la misma identidad falsa con que viajó a Argentina para asesinar al general Carlos Prats y su esposa en septiembre de 1974. Un gran aporte para la instalación del laboratorio fueron los equipos y materiales que le enviaba desde Alemania y otros países europeos Wolff Von Arnswaldt, quien también haría el mismo trabajo para la Colonia Dignidad (3).

La llegada a Lo Curro del químico Eugenio Berríos fue clave para agilizar el desarrollo de las sustancias letales. Townley conocía a Berríos desde los tiempos de la Unidad Popular, cuando ambos coincidieron en Patria y Libertad. Poco después se incorporaría el bioquímico Francisco Oyarzún Sjöberg, a quien Townley también había conocido a inicios de los ’70 en los grupos de ultraderecha y quien había huido a Bélgica tras un atentado, pues era hijo del embajador de Chile en ese país. En 1975, Oyarzún trabajaba en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile y fue enviado en comisión de servicio a la Junta Militar de Gobierno, según dice el oficio firmado por el rector delegado Julio Tapia Falk. Pero su destinación fue la DINA.

Berríos y Oyarzún le imprimieron un nuevo ritmo al proyecto Andrea, cuyo producto estrella era el gas sarín. Las primeras pruebas comenzaron a fines de 1975, después del atentado a Bernardo Leighton y su esposa, en Roma, cuando Townley se dedicó en forma exclusiva a su desarrollo. El primer producto estable se obtuvo en minúsculas cantidades a principios de 1976. Fue entonces que comenzó la planificación de sustancias similares como Soman y Tabun, además de otros de extrema toxicidad: clostridium botulínica, saxitoxin y tetrodotoxina.

Un cambio en la línea de mando se produjo en ese momento. “A principios de 1976 se formó una nueva brigada –Mulchén– de la cual mi grupo formó parte como Agrupación Avispa. La Brigada Mulchén fue formada para cumplir misiones secretas de eliminación y otras de exclusivo resorte del director, Manuel Contreras”, confesó Townley, lo que fue ratificado en tribunales años después por otros agentes.

El mando de la Brigada Mulchén pasó por Raúl Eduardo Iturriaga y el capitán Guillermo Salinas. Con las obras terminadas y el gas letal casi a punto, Townley fue apoyado con más dinero y una secretaria: Alejandra Damiani, soldado 1° del Ejército y quien trabajaba en la subsecretaría de Guerra del ministerio de Defensa cuando fue destinada a Lo Curro.

“Mi cargo en la DINA era ser secretaria de Townley, quien recibía su sueldo a nombre de Andrés Wilson Silva. Townley era el jefe de la Brigada Quetropillán, que a su vez formaba parte de otra brigada denominada Mulchén. Yo concurría personalmente a retirar los sobres para la Brigada Mulchén al cuartel general de la DINA, en calle Belgrado”, diría más tarde Damiani ante el juez Adolfo Bañados.

Damiani también describió el laboratorio: “En la casa de Lo Curro, pero separada del cuerpo principal, había una casa anexa muy bien equipada, constituida por un solo recinto que servía de laboratorio químico. El laboratorio estaba a cargo de Townley en calidad de jefe, pero el especialista era Eugenio Berríos, empleado civil. Se hacía llamar ‘Hermes’. También trabajó allí por un tiempo Francisco Oyarzún. Entre los que iban más seguido a Lo Curro recuerdo al comandante Raúl Eduardo Iturriaga, el capitán Guillermo Salinas, Pablo Belmar, Armando Fernández Larios y el conductor de la Brigada Mulchén que se hacía llamar “Ricardo” (4).

A principios de 1976 faltaba sólo saber si el gas sarín era aplicable para los fines que se perseguían. “El proyecto Andrea dio resultados óptimos durante la semana santa de 1976”, diría Townley más tarde.

Sería el ministro Víctor Montiglio, en una investigación realizada en los últimos años, quien descubriría el cuartel secreto de la DINA en Simón Bolívar y, con ello, también uno de los episodios más estremecedores del experimento con sarín que en ese cuartel se llevó a cabo.

Un miembro de la DINA le relató: “En esa oportunidad llegó al cuartel Michael Townley a comprobar la eficacia del famoso gas sarín. Tal demostración fue a presenciarla Manuel Contreras. Una vez todos reunidos en el cuartel –entre ellos Juan Morales Salgado, Ricardo Lawrence, Germán Barriga, Armando Fernández Larios, la teniente Gladys Calderón y prácticamente todo el personal de la unidad–, Morales da la orden a Ferrán, Díaz Radulovich, al Chancho Daza y al Negro Escalona para que trajeran al patio de la unidad a dos detenidos peruanos. Cuando todos estuvieron en el patio, los dos peruanos, esposados y vendados, fueron apoyados en la muralla del pabellón de solteros y afirmados por Díaz Radulovich y Troncoso Vivallos. Townley se colocó una máscara y unas antiparras, saca de su bolsillo un tubo de spray, se acerca sigilosamente a los detenidos, les palpa la respiración y al momento en que éstos inhalan les aplica una dosis del gas spray. El primero de los detenidos cae instantáneamente, tiene convulsiones muy fuertes y en cuatro segundos aproximadamente estaba muerto. Luego hace lo mismo con el otro peruano quien cae muerto en la misma cantidad de tiempo. La dosis dispersa en el aire afectó a Díaz Radulovich y a Troncoso Vivallos, los que estuvieron a punto de caer al suelo. Al darse cuenta de esto, Morales solicita a los otros agentes que los lleven de inmediato a la oficina y le pide a Townley que los vaya a chequear. Después de algunos minutos éste dice que están fuera de peligro. Luego, la teniente Calderón procedió a inyectarles cianuro a la vena a los peruanos”.

Hasta hoy no se conoce la identidad de los dos ciudadanos peruanos asesinados en el cuartel de Simón Bolívar al probarse en sus organismos que el gas sarín estaba listo para ser utilizado como arma letal.
Muerte en Lo Curro

El 16 de julio de 1976 se agregaría una nueva victima del gas sarín. Y esta vez la ejecución fue en el propio cuartel Quetropillán de Lo Curro. Hasta allí llevaron al diplomático español de CEPAL, Carmelo Soria Espinoza, en calidad de prisionero. Los autores de su asesinato fueron integrantes de la Brigada Mulchén, que en ese momento encabezaba el capitán Guillermo Salinas.

En la ejecución de ese crimen fueron individualizados por la justicia el oficial Pablo Belmar, Juan Delmás (asesinado en Arica después del asalto al Banco del Estado ejecutado por dos de sus subordinados que fueron condenados a la pena capital), Patricio Quillot Palma, el teniente Manuel Pérez Santillán, el suboficial José Arcadio Aqueveque Pérez, el suboficial Jorge Hernán Vial Collao, el suboficial Bernardino del Carmen Ferrada Moreno, José Remigio San Martín y Jaime Lepe, el oficial soltero que un mes después de la muerte de Carmelo Soria fue destinado como jefe de escolta de Lucía Hiriart y que llegaría a ser secretario general del Ejército en 1991. Desde ese cargo, Lepe ejerció todo tipo de presiones hacia la justicia y sobre sus ex subordinados para impedir su juicio. Pero Pinochet no se jugó con fuerza por él y Lepe debió irse a retiro cuando la justicia ratificó su participación en el crimen de Soria, a pesar de que fue amnistiado junto a todo el grupo.

Mariana Callejas también entregó a la justicia su versión sobre la muerte de Soria: “El día que ocurrió el hecho puede que yo haya estado en la Quinta Región en Rocas de Santo Domingo, pues nos prestaba una casa un notario de San Antonio de apellido Bustos. Michael me manifestó que habían muerto a Carmelo Soria, que lo habían hecho los muchachos de la Brigada Mulchén…”.

“Le pregunté por el ruido que se escuchaba en esa oportunidad y era respecto del whisky que le habían hecho ingerir o vaciado a la víctima. Le pregunté por qué lo hacían y me dijo que era por motivos sentimentales en relación a un alto oficial de Ejército, pero no le creí. No creí, porque una respuesta similar me dieron en el caso del homicidio de Renato León, conservador de Bienes Raíces, en que también me dieron la explicación de que éste había violado a un niño de 5 años, hijo de un capitán de Ejército. Lo que sé es que la Brigada Mulchén llevó a Soria a nuestra casa, que en la propiedad había un auto nuestro Austin Mini azul, una camioneta Morris verde mía y un automóvil Fiat 125 Special color guinda del edificio Diego Portales, además de un Citroen Yagan, no recuerdo el color (era color amarillo verdoso dijo Martín Melian)”.

Callejas apuntó directo a otra de las personas que en ese mismo año 1976 fue eliminada por agentes de la Dina con gas sarín: Renato León Zenteno, conservador de bienes raíces de Santiago, hallado muerto el 30 de noviembre de 1976 en su departamento de calle Holanda N° 34, en Providencia.

Los peritajes indican que su cadáver fue encontrado vestido y tendido de espaldas en la cama de su dormitorio. Se dijo que el mayordomo del edificio había sorprendido a cuatro jóvenes bien vestidos intentando ingresar al edificio durante la madrugada. Cuando 30 años más tarde la justicia decidió investigar su muerte y se tuvieron las primeras confesiones, se supo que Eugenio Berríos formó parte del grupo que lo asesinó, pero no los motivos. Y en una de las confesiones, uno de los autores recordó que cuando ya lo habían asesinado, y estando en la calle, Berríos recordó que había dejado el frasco de perfume con sarín en el velador de León. Y quiso regresar. Pero decidieron que no era prudente y abandonaron el sector.

La sorpresa sería mayúscula cuando al revisar las fotos que la Policía de Investigaciones guardaba en el expediente respectivo, se comprobó que en el velador aparecía el frasquito de perfume olvidado. Este juicio aun continúa abierto.
Sarín para los que hablan

A fines de 1976 nada hizo presagiar al grupo de la Brigada Mulchén que el año que se les venía encima dejaría huellas profundas. Todo indicaba que la impunidad era inamovible.

En la madrugada del viernes 24 de marzo de 1977 casi nadie en Santiago se enteró que la guerra estuvo a punto de estallar con incalculables consecuencias. Y, menos, que en el medio de la trama que puso en dos trincheras opuestas a un pelotón de la DINA fuertemente armado y a la dotación de una comisaría de Carabineros, estaban dos renoletas robadas: una de ellas de propiedad de Daniel Palma Robledo, arrestado con su vehículo y de quien nada se sabía desde el 4 de agosto de 1976, y la otra del ciudadano francés Marcel Duhalde, quien denunció el robo.

Todo habría salido a la perfección de no mediar la acción de dos carabineros que investigaron el robo del vehículo del francés y descubrieron a los culpables justo cuando desarmaban dos renoletas robadas en una casa en el sector del Cajón del Maipo, de propiedad del cabo Manuel Jesús Leyton. Este cabo de Ejército fue detenido junto al carabinero Heriberto Acevedo, a pesar de identificarse como miembros de sus respectivas instituciones y de la DINA.

El sargento Grimaldo Sánchez Herrera, de la dotación de Encargo y Búsqueda de Vehículos, no se amedrentó. Más aún, grabó el interrogatorio al que los sometió con el apoyo de su jefe, el teniente Alfonso Denecken. Finalmente Leyton confesó que una renoleta era del detenido desaparecido Daniel Palma Robledo y la otra le había sido robada al francés, para armar con las piezas de ambas una sola que les sirviera en sus desplazamientos. Y también confesó que las numerosas cédulas de identidad que le encontraron en una caja, pertenecían a detenidos que ya no estaban.

Manuel Contreras

El teniente coronel Vianel Valdivieso fue enviado por Manuel Contreras a rescatar a sus dos hombres. A las 2 de la madrugada del 24 de marzo de 1977, el cuartel de carabineros donde se hallaban detenidos Leyton y Acevedo fue rodeado por un contingente DINA armado para la guerra. Una hora duró el cerco que se estrechaba minuto a minuto. Hasta que Contreras, vía telefónica, logró que se los entregaran.

Acevedo le informó a Valdivieso que Leyton había hablado y que les habían incautado las cédulas de identidad y otras especies robadas a detenidos ya asesinados, además de las renoletas. Valdivieso se preocupó de llevarse todo. Pero el teniente Denecken dejó registro de las especies incautadas: 3 fusiles AKA y su correspondiente numeración, dos revólveres Llama, un revólver Smith & Wesson calibre 38, un revólver Famae, un revólver Rossi, un corvo del Ejército, 190 cartuchos de AKA, seis cargadores AKA, trece tarjetas con ficha “Confidencial” con fotos de personas, un estuche de madera con fotos de personas y licencias de conducir a nombre de distintas personas.

Un juicio por robo con violencia se inició a instancias del teniente Denecken. Leyton fue enviado a su casa y tres días más tarde llevado a la Clínica London, de la DINA. Más de treinta años más tarde, con las fichas médicas de Leyton ante sus ojos, el doctor Osvaldo Leyton Bahamondes fue obligado por el ministro Alejandro Madrid a recordar: “A las 10:30 de la mañana del 28 de marzo de 1977 me correspondió realizar una visita domiciliaria en un cuartel cuya identificación no recuerdo para examinar al paciente Manuel Leyton Robles. Se indicó hospitalizar… A las 24 horas del mismo día se describe que el paciente, mientras dormía, presentó cuadro convulsivo y cianosis (piel morada) y taquicardia de más o menos 30 latidos por minuto, lo que significa que su corazón latía muy lento. Se administró un miligramo de atropina para estimular el corazón. Se observa que aumentó la cianosis (escasez de oxígeno), razón por la cual se entubó y se aspiraron secreciones (es decir, el paciente ya había aspirado vómito) de la traquea. Momentos más tarde se constata paro cardíaco iniciándose maniobras de resucitación; el electrocardiograma mostró asistolia (el corazón se detiene), luego se describe fibrilación ventricular (el corazón está latiendo muy rápido), lo que se trata mediante desfibrilación ventricular (7 a 8 aplicaciones). A las 1:25 se suspenden maniobras de resucitación constatándose su fallecimiento”.

Esta descripción es exactamente lo que le ocurre a una persona a la que se le aplica sarín. Así, el ministro Madrid y su equipo de investigadores obtuvieron las confesiones de cómo y por qué el cabo Leyton debió ser asesinado.

En la ficha médica se lee que Leyton Robles fue ingresado a la clínica por el doctor Luis Hernán Santibáñez Santelices y que los médicos Leyton y Pedro Valdivia participaron en la reanimación. Su protocolo de autopsia acredita que la causa de su muerte fue “estado asfíctico consecutivo a aspiración de contenido gástrico regurgitado”. Y lleva la firma de los doctores Pedro Valdivia Soto y Osvaldo Leyton Bahamondes. Sobre su firma en el certificado de defunción, Leyton afirmó: “Con posterioridad a mi retiro de la clínica, fui visitado por un funcionario de la DINA, posiblemente el suboficial enfermero de apellido Toro, quien me solicitó algún tipo de certificado médico que acreditase la muerte del señor Leyton para que su esposa pudiese obtener beneficios provisionales”.

Leyton Robles murió a sólo horas de declarar ante un juez sobre el origen de la renoleta de Daniel Palma Robledo –abuelo de la actriz Leonor Varela–, un detenido desaparecido de cuya muerte sí sabía Leyton, porque era uno de los agentes del cuartel Simón Bolívar donde Palma fue asesinado.

Casa de Piedra

El procedimiento fue descrito así ante Montiglio por varios agentes: “Estuviera el detenido con o sin ropa, el cuerpo era introducido en bolsas de polietileno gruesas, una se introducía por la cabeza y la otra por los pies, luego le amarraban un trozo de riel de aproximadamente 70 centímetros y que tenían hoyos redondos (para poder fijarlos a los durmientes) por donde pasaban los alambres que los sujetaban al cuerpo de los detenidos. El alambre era común y corriente, del tipo de fardo. Los rieles, los alambres, los sacos y las bolsas eran guardados en el gimnasio a la vista de todos. Yo pude ver doce a quince trozos de rieles amontonados. Después los cuerpos eran metidos con dos sacos paperos que eran de plástico o cáñamo, por la cabeza y por los pies. Ambos sacos se unían con una hebra de alambre, luego se volvía a amarrar a la altura de los brazos y de las piernas”.

Lo que venía después de todo aquello era tirarlos al mar. Al mar también habían sido lanzados los prisioneros que torturaron y asesinaron en la Casa de Piedra, la residencia de Darío Saint Marie (Volpone), el dueño del diario Clarín, ubicada en el sector Lagunillas del Cajón del Maipo. Así lo terminó confesando el agente de la DINA y oficial de Carabineros Ricardo Lawrence, sorprendiendo incluso al juez Montiglio:

“El grupo de dirigentes del PC detenido en calle Conferencia (entre los que se encontraba su dirigente, Víctor Díaz) fue ejecutado en el cuartel de la Casa de Piedra. En esa oportunidad me ordenaron prestar colaboración en el procedimiento empleado para eliminar los cuerpos, para lo cual tuve como misión custodiar dos camionetas que provenían de ese cuartel, ya con los prisioneros muertos y ensacados. Recuerdo que en un automóvil presté resguardo a dos camionetas del grupo de Barriga con quienes nos juntamos en un puente camino a San José de Maipo. Luego emprendimos rumbo en dirección al norte hasta llegar a la zona de Peldehue, ingresando por un camino secundario. Al llegar ya se encontraba un helicóptero en el lugar. Los vehículos se detuvieron y desde las camionetas se comenzaron a sacar los cuerpos ensacados subiéndolos al helicóptero. Germán Barriga dirigió este procedimiento. Abordaron el helicóptero y se dirigieron a arrojar estos cuerpos al mar”.

El cabo Manuel Jesús Leyton participó en las operaciones de la Casa de Piedra y en los equipos que arrojaron cuerpos de prisioneros del cuartel Simón Bolívar al mar. Y había más, porque la investigación de los ministros Madrid y Montiglio descubrió que Leyton era el encargado de quemar los rostros y dedos de los prisioneros con el soplete, para que no fueran identificados si es que emergían desde el fondo de las aguas.

Uno de los oficiales de la Dina describió así ante Montiglio lo que hacían Leyton y otros con los prisioneros: “Después de asesinarlos, se les borraban las huellas dactilares con un soplete a parafina, y se borraba cualquier cicatriz característica del cuerpo, a la vez que le sacaban todas sus especies personales tales como anillos, relojes y sus tapaduras de oro de sus dentaduras”.

Las prácticas que en esos días utilizaban los agentes de la DINA en sus cuarteles secretos, los asesinatos de prisioneros con gas sarín y los cuerpos de los ya muertos lanzados al mar, eran secretos que no podían ser revelados. Mucho menos en tribunales, donde cada día se respondía que los detenidos desaparecidos no existían. Por eso Manuel Contreras ordenó asesinar al cabo Manuel Jesús Leyton en marzo de 1977, cuando ya se anunciaba en el horizonte que el asesinato de Orlando Letelier en Washington traería complicaciones.

El asesinato de Leyton reforzaría aún más el pacto de silencio entre los integrantes de la Brigada Mulchén. Casi todos siguieron haciendo el mismo trabajo en la CNI o en la DINE. Dos de ellos se ligaron estrechamente a Eugenio Berríos: José Remigio San Martín (quien utilizaba la chapa Alberto Arroyo Quezada y fue durante los ’80 el custodio de Berríos) y Pablo Belmar, quien participó en la muerte de Carmelo Soria, del conservador de Bienes Raíces Renato León Zenteno y coordinó los pasos del asesinato del cabo Manuel Jesús Leyton.

No es de extrañar entonces que a fines de los ’80 y principios de los ’90 se lo encuentre en la operación comandada por el brigadier Jaime Lepe para acallar a todos los testigos que podían empañar la figura de Pinochet. Porque el otro cordón que los une hasta ahora es que la misión principal de los hombres que integraban la Brigada Mulchén era “otorgar seguridad al Presidente de la República y ocasionalmente proporcionar protección a otras autoridades del gobierno”, según declararon en tribunales tanto Lepe como Belmar.
La orden: eliminar a Odlanier Mena

En 1977 la investigación del crimen de Orlando Letelier en Estados Unidos fue conduciendo una y otra vez al corazón de la DINA y a su jefe, y de ahí a Pinochet. La presión que se ejerció desde el norte para que Pinochet entregara a los culpables surtió efecto al interior del régimen y la crisis se instaló. Para darse un respiro, la DINA fue reemplazada en junio por la CNI. El rumor que se instaló fue que Manuel Contreras debería ceder su puesto al general Odlanier Mena, uno de sus enemigos internos. La Brigada Mulchén se puso nuevamente en acción.

Alejandra Damiani, la secretaria de Townley, relató a la justicia esos días:

“Cuando empezó a aparecer en la prensa lo de Orlando Letelier yo me encontraba en Arica. Fui llamada por Michael Townley a través de la Brigada de la DINA de Arica, ordenándome regresar. Una vez en Santiago, Townley me informó de los cambios que sobrevenían, que la DINA iba a cambiar de nombre, que llegaría el general Mena para reemplazar al general Manuel Contreras y que era necesario revisar los papeles que había en Lo Curro para hacer desaparecer documentación secreta, papeles vinculados a algunas operaciones que había llevado a cabo la DINA, como por ejemplo, la Operación Andrea”.

Michael Townley

La orden fue que ni un solo papel que comprometiera las operaciones secretas debía caer en manos de Mena y su gente. Cuando el ministro Bañados le preguntó a la secretaria de Townley qué se entendía por Operación Andrea, su respuesta fue: “La referida Operación Andrea consistió en poner a prueba un producto químico que aplicándolo en el rostro podía causar lesiones mortales al ser respirado. Entiendo que causaba convulsiones y provocaba finalmente la muerte. Supe o escuché que también se había eliminado a un notario de quien decían que era homosexual; y de la operación con desaparecidos: de 15 a 20 en Peldehue. Otras operaciones se llevaron a cabo en la Villa Grimaldi”.

Pero la resistencia de los hombres de Contreras, de su “ejercito en las sombras” como le gustaba llamar a sus agentes, fue más allá. A Berríos se le encargó buscar la forma de eliminar a Mena.

El Instituto Bacteriológico, al cual tenía fácil acceso por su trabajo anterior con el doctor Osvaldo Cori en la Facultad de Química y Farmacia de la Universidad de Chile, fue el lugar que escogió Berríos para seleccionar ciertas bacterias letales. A través del grupo de secretarias del régimen que controlaba Vianel Valdivieso, llegaron hasta el grupo más cercano a Mena en la CNI y se interiorizaron de sus costumbres. Muy pronto se decidió que la mejor forma de asesinar a Mena era introducir el veneno en el café que rigurosamente cada tarde, cerca de las 16 horas, se tomaba en su despacho. Lo que garantizaba el éxito era que uno de los colaboradores más cercanos del nuevo director de la CNI, aceptó ser parte de la operación.

El día señalado todo se hizo tal cual lo dispuso Berríos. Sólo que Mena, excusándose en una súbita indigestión, a último minuto pidió cambiar el café por una agüita de hierbas. El reemplazante de Contreras fue advertido de la amenaza: en los últimos años se ha dicho que quien lo previno fue Mariana Callejas. Como sea, el general Mena no sucumbió y se mantuvo al frente de la CNI. Pero debió aceptar que no había un solo documento ni registro ni archivo que le sirvieran. Su venganza fue la disolución de cada uno de los nudos que mantenían férrea lealtad con Contreras. No duraría mucho en el puesto. Sus enemigos se encargaron de hacerlo caer para que fuera reemplazado por el general Humberto Gordón. No fue tarea difícil. Lo que venía necesitaba de un hombre que no tuviera reparos morales.

Los hombres se Contreras se preocuparon de mantener el resguardo de los secretos. Una forma fue manteniendo a los agentes en lugares donde estuvieran controlados o contentos a la distancia. La suerte de Eugenio Berríos quedaría ligada al destino del laboratorio que Michael Townley había instalado en su casa en Lo Curro. Cuando finalmente el 7 de abril de 1978 Townley fue expulsado a Estados Unidos, la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) reclamó el laboratorio secreto. Los encargados de desmantelarlo y de transportar las sustancias letales, serían miembros del Ejército a cargo del coronel Gerardo Huber, ex oficial de la DINA y en ese momento jefe del Complejo Químico e Industrial del Ejército.

Uno de los mejores amigos de Berríos de sus tiempos de Patria y Libertad, el ex oficial David Morales Lazo, relató más tarde: “Berríos fue interrogado por el general Héctor Orozco y en esa oportunidad me confidenció que la fórmula del sarín la había entregado al Alto Mando, al Complejo Químico Lo Aguirre”. Pero en 1977 Berríos trabajaba en el Complejo Químico e Industrial del Ejército en Talagante, como funcionario civil del Ejército. Su misión fue perfeccionar un arma química: el gas sarín. Sin embargo, ya no era el mismo. Su afición al alcohol, a las juergas, a la droga y a la vida licenciosa, unida a todos los secretos que llevaba consigo sobre la acción oculta de la DINA, lo habían convertido en un ser inestable y peligroso. No podía andar solo. Cautelando que los secretos se mantuvieran resguardados, lo seguía como su sombra Remigio Ríos San Martín, ex integrante de la Brigada Mulchén, quien usaba la identidad de “Alberto Arroyo”.

Berríos estaba casado con una ex vedette a la que le cambió la identidad para intentar sepultar su pasado, convirtiéndola legalmente –con la ayuda de sus contactos– en Viviana Egaña Bonnefoy. En su poder él llevaba también una cédula de identidad falsa, con su foto, pero con el nombre de Hermes Bravo. Lo que Viviana no pudo olvidar fueron sus arrebatos de violencia.

“Un día peleamos con Eugenio y éste, muy enojado, sacó de un mueble un frasco muy pequeño de perfume y me amenazó. Mostrándome el frasco me dijo: sabe ‘Pellito’ (el sobrenombre que le puso), si usted se porta mal yo la mato con esto”.

En 1986, la relación de Eugenio Berríos y Viviana Egaña llegó a su fin. Ella declaró ante los tribunales que lo sorprendió en la cama con otro hombre. Su nueva pareja, el abogado Aldo Duque, a quien Berríos conoció cuando Duque trabajaba en la Tercera Fiscalía Militar y quien se convirtió en su amigo, lo vio un día tomar en su departamento una ampolla y decirle: “Esto es sarín, y con él puedo matar a cualquier persona”.
Las cepas asesinas

Las investigaciones judiciales en Chile y en Estados Unidos indican que a partir de 1978, en un recinto secreto del Ejército, se continuó desarrollando el cultivo de cepas de micro organismos patógenos. Un proyecto que adquirió nuevos bríos cuando en 1981 se inició la construcción de un nuevo laboratorio químico en la Escuela de Inteligencia del Ejército en Nos. Adicionalmente, una unidad bacteriológica se instaló en el Complejo Químico-Industrial de la misma rama castrense, en Talagante.

Uno de los jefes del nuevo Departamento Bacteriológico fue el doctor Eduardo Arriagada Rerhen, quien después de dirigir la Clínica London y luego la dirección de Sanidad del Ejército llegó a trabajar en 1990 al subterráneo de la Brigada de Inteligencia del Ejército (BIE), ubicada en calle García Reyes. Desde ese lugar, en 1981 se cerraba el cerco sobre dos figuras clave del mundo opositor: el ex presidente Eduardo Frei Montalva y Tucapel Jiménez, presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF).

Eduardo Frei Montalva se había convertido en el líder indiscutido de la oposición al régimen. Algo que quedó claro en 1980, cuando fue el único orador del acto realizado en el Teatro Caupolicán en rechazo al plebiscito de 1980 que Pinochet organizó sin registros electorales y bajo una gran represión para validar su nueva Constitución, y al que asistieron, entre otros, el actual presidente Sebastián Piñera. En 1981, además, Frei Montalva entraba en conversaciones con líderes sindicales que organizaban el primer paro nacional en rechazo al régimen. El más importante de esos dirigentes era Tucapel Jiménez.

Eduardo Frei Montalva

Si Frei se plegaba a la organización del paro nacional, el peligro para Pinochet y su régimen serían inminentes. Eran los días en que se fraguaba por primera vez desde el Golpe de 1973 la unidad sindical de los viejos dirigentes que habían apoyado el Golpe y los jóvenes líderes, entre los que destacaba Manuel Bustos, quien ya había organizado otro referente con dirigentes de izquierda. Y el hombre que podía aglutinar a toda la oposición era sólo Frei. Por eso se convirtió en el más peligroso para los servicios secretos. Así consta en un oficio que fue recuperado de la brigada C1-2 de la CNI, cuyos efectivos se encargaban de seguir cada paso del ex Presidente.

Era el momento de pasar a otra fase de la operación armas químicas. La llegada de un misterioso paquete a La Moneda en julio de 1981 marcó el inicio de nuevos movimientos. Marcos Poduje Frugone, químico del Instituto de Salud Pública (ISP) –dirigido entonces por el coronel de caballería Joaquín Larraín y cuyo jefe de Seguridad y Finanzas era el teniente coronel Jaime Fuenzalida–, recibió la orden de ir a la Cancillería a retirar un paquete que venía de Brasil. Según dijo más tarde, su sorpresa fue mayúscula al descubrir el contenido: “toxina botulínica”, una sustancia altamente peligrosa cuyo uso no era habitual. Las investigaciones posteriores establecieron que fue tal la alerta que encendió la existencia del paquete, que el coronel Larraín estalló en una crisis de ira por el periplo que había recorrido el “encargo” que quedó en sus manos.

No fue el único hecho extraordinario que se vivió por esos días en el ISP. El coronel Larraín le ordenó al mismo Poduje reparar un liofilizador, aparato que se usaba en la Planta de Liofilización del Cepario Nacional (colección de cepas de bacterias y virus), y luego instruyó a un funcionario para que lo depositara detrás del altar de una iglesia ubicada en la segunda cuadra de calle San Isidro, donde funcionaba una vicaría castrense. Hubo otro traspaso extraño que Poduje recordó años más tarde en tribunales:

“En el Instituto Bacteriológico existió una Planta de Éter la que fue traspasada al Complejo Químico del Ejército, ubicada en Talagante. Recuerdo también que el doctor Fabrega junto al doctor Salvador Ballard, jefe del Departamento de Producción, ambos de confianza del coronel Larraín, realizaron un curso en el Ejército, en una repartición de calle Eliodoro Yáñez (donde funcionaba un cuartel secreto de la BIE) y que viajaban mucho a través del país, desconociendo qué fueron a cursar ya que eran muy reservados y nunca lo comentaron en el Instituto”.

Otro profesional del ISP, Hernán Lobos Romero, recordó también ante la justicia que en esos mismos años llegaba hasta allí un médico de Parral a quien más tarde identificó como Helmut Hopp, de la Colonia Dignidad. Como ya se ha dicho, hasta el ISP también llegaba Eugenio Berríos. Puede que la información que aún falta en este puzzle esté en la ficha que el ex jerarca de Colonia Dignidad, Paul Schäfer, tenía de Berríos, quien también trabajó en ese enclave alemán y compartió sus conocimientos de armas químicas con Schäfer, Hopp y otros.

Uno de los más recientes fallos del ministro Jorge Zepeda establece cómo fue asesinado el ex agente de la DINA asentado en Colonia Dignidad, Miguel Ángel Becerra Hidaldo, al intentar escapar. Una prueba de la similitud de venenos que usaron la DINA y los hombres de Schäfer para eliminar a los que se cruzaban en el camino.

Eduardo Frei Montalva se aprestaba a viajar a Europa para participar en la importante comisión Norte-Sur que integraba como único latinoamericano y que encabezaba el ex canciller alemán Willy Brandt. Pero un reflujo cada vez más molesto y doloroso lo impulsó a tomar la decisión de operarse en la Clínica Santa María, en noviembre de 1981. Quien sabía cada uno de sus pasos y de sus decisiones era su antiguo chofer y hombre de mayor confianza, Luis Becerra. Lo que Frei ignoraba era que Becerra trabajaba para la CNI en directa relación con la BIE (5).

Cuando Frei ingresó a la clínica, el grupo de inteligencia de la CNI y la BIE que lo tenía en la mira, ya había cercado el establecimiento hospitalario con sus agentes. Uno de ellos era el doctor Pedro Valdivia, quien tuvo una participación en el asesinato con sarín del cabo Manuel Jesús Leyton y que en esos precisos días se desempeñaba simultáneamente en la Clínica London, de la CNI, y en la clínica Santa María. La sencilla operación al hiato se realizó el 18 de noviembre. Pero una súbita y sorpresiva complicación obligó a hospitalizarlo nuevamente.

Muchos años más tarde, el doctor Valdivia reconoció ante el ministro Madrid: “Me enteré que Eduardo Frei Montalva había sido operado en la clínica por el doctor Augusto Larraín. También recuerdo claramente que en una oportunidad, estando de turno al mediodía, fui ubicado por una de las enfermeras, doña María Victoria Larraechea (hermana de la esposa del hijo de Frei Montalva), quien me señaló que don Eduardo Frei estaba complicado de salud solicitándome que fuera a examinarlo a su habitación, lo que efectivamente realicé. No recuerdo los detalles de los síntomas que tenía el paciente, sí recuerdo que tenía fiebre por lo que supuse que había infección. Le indiqué a la enfermera que era necesario ubicar al médico que lo había intervenido, el doctor Larraín, enterándome que no lo habían podido ubicar. Por este motivo se llamó al doctor Patricio Silva. Una vez fuera de la habitación divisé al doctor Larraín, y luego en el primer piso de la clínica me encontré con el doctor Patricio Silva, indicándole que había llegado el doctor Augusto Larraín a lo que él me respondió que a partir de ese momento él estaba a cargo del paciente”.

El 6 de diciembre de 1981, Frei fue operado por segunda vez. Nadie se explicaba por qué el cuadro infeccioso se extendía. El 8 de diciembre fue sometido a una nueva intervención quirúrgica. El cirujano Patricio Silva, del escalafón del Ejército y quien ocupaba un alto cargo en el Hospital Militar, dio el vamos a las 19:30 exactas. Eran horas críticas. En la sala de operaciones, junto al cuerpo del ex Presidente, estaba otro de los médicos de la clínica de la CNI Rodrigo Vélez Fuenzalida. Desde fuera llegaba el ritmo tranquilo de la ciudad en un día festivo. Pero en la clínica Santa María se respiraba angustia.

En esas mismas horas, un clima dramático se había apoderado de los presos en la Cárcel de Santiago y de sus familias. Dos delincuentes comunes y cuatro integrantes del MIR, del total de ocho reos que compartían la Galería N° 2 de alta seguridad, también se debatían entre la vida y la muerte: Ricardo y Elizardo Aguilera; Adalberto Jara y Guillermo Rodríguez Morales, jefe de las milicias de resistencia del MIR, condenado a muerte por un Consejo de Guerra; más los reos comunes Víctor Hugo Corvalán Castillo y Héctor Pacheco Díaz.

Pero en ese momento en que los Frei Montalva depositaban la vida del jefe de familia en las manos de un equipo médico con estrechos lazos con el poder militar imperante y con sus servicios de seguridad más secretos, nadie ligó ambos hechos.

El 9 de diciembre de 1981, falleció el reo Víctor Hugo Corvalán Castillo en las dependencias de la enfermería de la ex Cárcel Pública. Once días después, murió en la Posta Central el reo Héctor Waldo Pacheco Díaz. La causa de muerte oficial para ambos fue una “intoxicación aguda inespecífica”. Nunca se hicieron análisis de sus restos. Más tarde se probaría que fue una “intoxicación por toxina botulínica”. Las mismas sustancias letales que habían llegado en un paquete desde Brasil al ISP y que el químico Eugenio Berríos preparaba en el laboratorio de la DINA y luego de la DINE.

Sólo en los últimos años se tendrán las pruebas de que la comida de los presos fue contaminada de forma deliberada. Los reos que sobrevivieron lo hicieron gracias a la ayuda médica de diferentes centros asistenciales, incluso del exterior. La Vicaría de la Solidaridad , de hecho, hizo una serie de gestiones por intermedio de la Oficina Panamericana dependiente del ministerio de Salud, que consiguió rápidamente la antitoxina en Atlanta, Estados Unidos, y en Argentina.

La investigación policial de Nelson Jofré y Palmira Mella determinó que los cuatro militantes del MIR encarcelados se cocinaban su propia comida todos los días, para lo cual eran proveídos de víveres por sus familiares, meriendas que compartían con los cuatro reos comunes de su misma galería. Eso fue lo que sucedió ese 8 de diciembre, cuando sus comidas fueron contaminadas con toxinas botulínicas que llevó hasta la cárcel José Roa, un ex integrante de la Brigada Mulchén de la DINA y en ese momento miembro de su sucesora: la Unidad Antiterrorista (UAT), dependiente de la DINE. En este hecho se basó el capítulo 7 de la serie “Los archivos del cardenal”, que TVN transmitió el pasado jueves 1 de septiembre.

Un juicio por las extrañas muertes de Corvalán y Pacheco (Proceso N° 136.311) se abrió en el Tercer Juzgado del Crimen de Santiago. Pero nada se avanzó. El 13 de octubre de 1983 la Corte de Apelaciones ratificó el sobreseimiento temporal de la causa y el caso quedó archivado. Hubo, además, manos interesadas en que no quedara huella. Un incendio convirtió en cenizas esos expedientes.

El ex Presidente Eduardo Frei Montalva falleció de un shock séptico sin explicación el 22 de enero de 1982. El fallo del juez Alejando Madrid establece que fue asesinado por la policía secreta de Augusto Pinochet “destruyendo su sistema inmunológico”, en un proceso similar al que ocurre con los enfermos de sida. Las huellas de talio y mostaza nitrogenada que registran sus restos exhumados en diciembre de 2004, ayudaron a destruir su sistema inmunológico, pero el arma química letal fue el Tranfer-Factor, producto que no contaba con certificación internacional, traído desde Estados Unidos, y que le fue inoculado por vía subcutánea en la clínica Santa María, donde se operó.

El destino de Frei había quedado atado al de Tucapel Jiménez. Una semana después de que el ex Presidente ingresara por primera vez a la clínica Santa María, el agente de la DINE Carlos Herrera Jiménez recibió la orden de asesinar a Tucapel Jiménez. Algo que sólo sabía el reducidísimo círculo alrededor de Pinochet.

Así, un mes más tarde, en febrero de 1982, Tucapel Jiménez Alfaro fue asesinado. Un largo y obstaculizado juicio identificó a sus asesinos y también a quiénes impartieron las órdenes. Todos ellos formaban parte de un comando CNI-DINE.

El contenido de la resolución del juez Madrid abrió nuevas aristas sobre episodios pasados determinantes en la política chilena. Porque el doctor Patricio Silva Garín, quien fue procesado por su responsabilidad en el crimen de Frei, también atendió al general René Schneider poco antes de que muriera, víctima de un atentado que buscó impedir que Allende asumiera en 1970; y fue también el médico que examinó a José Tohá, ex ministro del Interior y de Defensa de Allende, cuyo supuesto suicidio en el Hospital Militar hoy es investigado por la justicia; y operó al general Augusto Lutz, quien falleció en 1974 de una septicemia similar a la de Frei luego de enfrentarse a Pinochet por la represión de la DINA. Ese día, Pinochet, en medio de todos sus generales, cerró la discusión así: “Señores generales, la DINA soy yo, ¿alguien más tiene alguna pregunta?”.
Los muertos de la democracia

Poco después de iniciada la transición, el 8 de noviembre de 1991, el juez Adolfo Bañados, quien investigaba el crimen de Orlando Letelier en Estados Unidos, ordenó detener al químico de la DINA, Eugenio Berríos. El hecho no causó revuelo ni titulares. Y en ciertas dependencias de la DINE hubo más de una sonrisa socarrona. Para entonces, “Hermes” –como lo conocieron en la Dina–, ya se encontraba fuera del alcance del juez.

Difícil resulta describir la decepción que invadió al equipo que secundaba al ministro Bañados cuando supieron que uno de sus testigos había escapado. Era la primera prueba de fuego para la frágil nueva democracia chilena y Bañados –inteligente y agudo, impenetrable y enemigo acérrimo de la figuración–, desplegaba los hilos de la mayor investigación judicial sobre la acción de la DINA que se haya hecho en Chile.

En esa trama, la figura del químico Eugenio Berríos fue poco a poco apareciendo como clave.

Lo que el equipo de Bañados no sospechaba era que, en esos momentos, un actuario, plenamente identificado, fotocopiaba y registraba cada testimonio, cada prueba, cada movimiento de los investigadores para informarlo de inmediato a una central que comandaba el general Fernando Torres Silva, en la Auditoría General del Ejército. La BIE era, a su vez, la encargada de ubicar a la gente involucrada y ya citada por los tribunales, para adelantarse a los testimonios que debían prestar ante los jueces.

Fue así como ubicaron a Eugenio Berríos y lo mantuvieron secuestrado durante casi 30 días en el cuartel de la BIE, ubicado en Alameda Nº 2577, y que ocupaba una gran extensión entre las calles García Reyes, Sotomayor y Romero. Justo cruzando la Alameda, por la vereda sur, en toda la esquina con Avenida España, estaba el Sexto Juzgado del Crimen donde Berríos debía declarar en el proceso Nº 7.981, por la muerte de Orlando Letelier.

El 8 de noviembre, vía Pluna, salió de Chile con destino a Uruguay el coronel Francisco Maximiliano Ferrer Lima, jefe del Servicio Secreto de la BIE, adiestrado en el M-5 en Inglaterra. Su misión: comprobar el grado de seguridad del “paquete” que el Ejército de Chile, a través de la DINE, le envió a sus colegas uruguayos para eludir a la justicia chilena.

Ferrer, quien integró el alto mando de la DINA y fue condenado años más tarde por su participación en el crimen de Tucapel Jiménez y también ordenó el cerco a Frei Montalva, sabía muy bien la importancia de la misión que se le había encomendado. No sólo por su condición de jefe del servicio secreto de la DINE, sino porque conocía en detalle los secretos que guardaba Berríos. El más importante: la fabricación de armas químicas.

Uno de los agentes estrella del Servicio Secreto de la BIE, Arturo Silva Valdés, fue el responsable de la operación escape de Berríos hasta el último detalle. Así, cuando Berríos cruzó la frontera por el sur en dirección a Río Gallego el 26 de octubre de 1991, en compañía del agente Raúl Lillo, Silva hacía lo propio hacia Argentina pero por vía aérea. Para ello, Berríos estrenó una nueva identidad: Manuel Antonio Morales Jara (6).

Muchos hombres del entorno de Pinochet respiraron aliviados cuando supieron que Berríos ya estaba en territorio uruguayo. Entre ellos, Gerardo Huber, otra de las piezas clave en la fabricación de armas químicas quien para entonces era el responsable de exportaciones e importaciones de Famae. No pasó lo mismo con el general Álvarez Kladt, quien ya no podía hablar ni de Huber ni de Berríos. Menos de armas. Meses antes, en una extraña circunstancia que hasta hoy despierta sospechas, el general se había suicidado siendo precisamente director del Instituto de Investigaciones y Control del Ejército, una de las instituciones que se formaron al alero de Famae para exportar armas, y que sorpresivamente fueron desmanteladas. Ya en ese momento, desde Estados Unidos, surgían rumores sobre la venta de sarín al exterior por parte del régimen militar.

Cuando el 9 de diciembre de 1991 estalló el escándalo del tráfico ilegal de 11 toneladas de armas de Famae destinadas a Croacia –detectado en un aeropuerto de Budapest con un empaque que simulaba ser cargamento sanitario–, el jefe de Famae, general Guillermo Letelier, entendió que esta vez sí estaba en problemas. Y tenía razón. El escándalo provocado por el tráfico de armas a Croacia, vulnerando la prohibición de la ONU para esa zona en guerra, provocó remezones políticos y militares. El general Letelier debió abandonar la dirección de Famae.

Menos de dos meses después, el 29 de enero de 1992, Gerardo Huber desaparecería desde las riberas del Maipo. Su cuerpo fue encontrado cuatro semanas más tarde en las aguas del río. En 1997, una nueva autopsia a sus restos revelaría que le dispararon y cayó con vida al río.

En noviembre de 1992, Eugenio Berríos escapó de sus captores en Uruguay y denunció que lo mantenían secuestrado “por orden de Pinochet”. El escándalo provocó un remezón institucional en Uruguay y múltiples repercusiones en Chile. El 13 de abril de 1995, Berríos fue encontrado muerto con dos impactos de bala en el cráneo, en un balneario del sector de Pinamar, en Uruguay. En agosto de ese mismo año, el ex chofer del coronel Gerardo Huber, el sargento Blas Merino Castillo, apareció muerto en el interior del automóvil fiscal que estaba asignado al director del Complejo Químico e Industrial del Ejército. Tenía un balazo en el pecho y portaba una cédula de identidad a nombre de otra persona. “Suicidio”, se dijo en el Ejército. Los procesos por la muerte del coronel Huber, por el tráfico de armas a Croacia y por el asesinato del químico Eugenio Berríos, donde están procesados tres oficiales uruguayos y cinco chilenos, están abiertos y a la espera de resoluciones. La historia de ese capítulo de muertes no se ha cerrado.

Y no sólo en Chile. Porque otra investigación sobre las armas químicas fabricadas por el régimen de Pinochet se hizo en Estados Unidos y se mantiene secreta. Podría ser explosiva. La inició Mariana Callejas, quien sólo en los últimos años confesó ante el prefecto de Investigaciones, Nelson Jofré, que había hecho entrega de documentos escritos de puño y letra por Michael Townley al FBI. Muchos otros colaborarían en el transcurso de los años venideros con esa investigación estadounidense.

Saul Landau, historiador, cineasta, analista e investigador estadounidense, quien escribió junto al periodista John Dinges el libro Asesinato en Washington, afirmó que “la investigación la hizo el FBI para una subcomisión de la Cámara Baja de Estados Unidos. Está condensada en un informe donde el FBI vertió gran parte de lo que logró averiguar sobre el gas sarín. Y lo hizo porque a Estados Unidos –y mucho más a la CIA– le preocupó ya que el sarín constituye una amenaza internacional porque no se puede botar. Esa investigación arrojó que se fabricó gas sarín en una cantidad suficiente para matar dos veces al Ejército peruano”.

“¿Quién lo tiene ahora? Esa es la pregunta. Hay rumores de que el régimen militar lo vendió a Irak en los años 80, que los israelitas tenían interés en comprarlo y que al menos se preocuparon de saber dónde estaba, así como de saber dónde estaba Eugenio Berríos. No deja de ser una coincidencia que el otro hombre que sabía del gas sarín, el coronel Gerardo Huber, haya desaparecido en extrañas circunstancias”, fue su acotación. (7)

Otra de las informaciones que han surgido en los últimos diez años es que antes de morir Eugenio Berríos tomó contacto con el régimen de Muhamar Gadafi en Libia para ofrecerles sarín.

De este capítulo ultra secreto de la dictadura faltan muchas piezas. La más importante es saber qué pasó con toda la fabricación de armas químicas y bajo qué resguardo se guardan, ya que no se pueden botar. Y quedan otras víctimas no identificadas aún, pero con pistas a seguir. Una nómina que estremece. Hay otra investigación jamás realizada: sobre los millones de dólares que se utilizaron para su fabricación y que salieron de las platas del Estado sin control. Una tarea que no termina porque un frasquito de perfume amenazante acecha en algún lugar.

El que quedó en manos de Mariana Callejas también desapareció con destino desconocido. Ella misma lo confesó a los policías hace pocos años: “Con respecto al atomizador de laca que contenía sarín, debo señalar que efectivamente lo mantuve por muchos años en mi poder ya que no sabía cómo deshacerme de él, hasta que se lo entregué a una persona de confianza quien me manifestó que después de tanto tiempo, el sarín ya no era capaz de producir ningún efecto. En cuanto al nombre de esta persona de confianza prefiero no mencionarlo…”.

(1) La fotocopia de la carta fue entregada a la autora de este reportaje por el propio general Gustavo Leigh en 1984, quien pensaba incluirla en sus memorias, las que estaba escribiendo y nunca han sido publicadas.

(2) El mayor Rolando Acuña, quien fue pieza clave de todas las sociedades que Manuel Contreras formó en Panamá para el financiamiento de las operaciones de la DINA en el exterior, murió en extrañas circunstancias nunca investigadas a pesar de existir confesiones que acreditan que fue asesinado.

(3) Wolff Von Arnswaldt declaró en tribunales que un oficial de la DINA, Christopher Willeke, le encargó una misión y le presentó a Alfred Schaack, ex soldado de Hitler que había combatido en el frente ruso y era representante de la Sociedad Benefactora Dignidad (Private Sociale Misión) en Alemania. “Schaack me contactaba en el aeropuerto, me entregaba unas maletas, y confieso que cometí una ilegalidad, porque durante tres años yo las enviaba a Chile como maletas de pasajeros por Lan. Me lo pedían Schaack y Willeke, y yo que conocía a la Colonia desde niño y me siento orgulloso de haber estado en repetidas oportunidades siendo huésped de Colonia Dignidad, lo hice. En Chile las maletas eran recibidas por Joe Blanc o Alfred Matus, estrechamente ligado a Paul Schäfer, y quien impartía las órdenes en las casas de Dignidad en Santiago: Campos de Deportes y Bilbao”, declaró. Y agregó que su sorpresa fue constatar que en el aeropuerto de Santiago “las maletas se retiraban con rapidez y sin revisión”.

(4) Parte de su declaración ante el ministro Adolfo Bañados, el 30 de septiembre de 1991.

(5) En los años 2000, la autora descubrió este nexo al entrevistar a Luis Becerra en una investigación que reconstituyó los últimos días de Frei Montalva. Becerra en ese momento era chofer del presidente del Senado, Andrés Zaldívar. La entrevista fue publicada en la revista Siete+7. Becerra debió confesar ante el ministro Alejandro Madrid y está procesado en el juicio por el crimen de Frei Montalva.

(6) Como dato anecdótico se dirá que el verdadero Manuel Morales fue interrogado y recordó que perdió su cédula de identidad cuando vivía al lado del Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE), en García Reyes y Alameda.

(7) Entrevista realizada por la autora y publicada en el diario La Nación del 17 de octubre de 1993.

vía CIPER Chile.

 
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Publicado por en 22 agosto, 2013 en Política

 

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